Isabel Díaz Ayuso compareció ayer en Leganés, cuarenta y ocho horas después de que se conociera que la Fiscalía de Madrid ha interpuesto una denuncia por dos presuntos fraudes fiscales contra quien hoy es su pareja, Alberto González Amador. La premura con la que Díaz Ayuso se expuso a las preguntas de los periodistas para brindar explicaciones es coherente con la responsabilidad que ostenta, pero desde luego contrasta en su beneficio frente a las reticencias y los silencios de la presidenta del Congreso, varios ministros y el propio jefe del Gobierno a cuenta de la trama de corrupción destapada alrededor del Ministerio de Transportes y la compra de mascarillas durante la pandemia. Con lo que conocemos hoy, que no es poco, el presunto delito fiscal cometido por González Amador es un asunto particular, del que tendrá que responder o defenderse como cualquier otro ciudadano y ya se verá si en el litigio la razón queda de su parte o de la administración tributaria. Pero el supuesto ilícito es del todo ajeno a la actividad pública, conforme a lo que se desarrolla en la denuncia de la Fiscalía. No ha recibido contratos o dinero de la Comunidad de Madrid, según queda constatado, y no ha obtenido favores o ventajas ni de Díaz Ayuso ni de ningún funcionario bajo su mando. Un político es responsable de lo que haga alguien de su círculo personal íntimo si en ejercicio de su cargo propicia la comisión de una irregularidad. Por tanto, lo que a la presidenta madrileña le pueda parecer la conducta y trayectoria de su pareja es algo que le corresponde resolver a ella en su ámbito privado. Y en lo que respecta al interés general lo único que cabe objetar es que Ayuso ayer puso la mano en el fuego por la inocencia de su pareja. Aunque el gesto es comprensible desde una perspectiva íntima, asume cierto riesgo al fijar una posición tan explícita sobre conductas que hoy por hoy escapan al control de la propia presidenta y que sólo el tiempo puede acreditar. Por lo demás, resulta difícil no advertir que más allá del asunto particular investigado el Gobierno busca obsesivamente la manera de destruir el prestigio de su rival. Primero fueron sus padres, después su hermano, al que dos órganos judiciales distintos descartaron actividad delictiva alguna, y ahora se filtran las peripecias fiscales de una pareja sentimental en un periodo en el que sólo parcialmente los hechos investigados coincidieron con la relación afectiva. Resulta extraordinariamente grave que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantara datos relevantes de la denuncia antes de que se conociera la noticia, lo que significa que o bien estaba enterada previamente o tal vez formó parte de la operación. Que la responsable de los derechos de los contribuyentes participe en su vulneración supone un atentado contra los ciudadanos del que debiera dar explicaciones inmediatas; la oposición no debe dejar escapar este hecho sin la consecuente investigación. Los datos fiscales de cualquier ciudadano, al igual que los clínicos, gozan de una especial protección en cualquier democracia avanzada, algo que la titular de Hacienda ha ignorado con el fin de sacar un rédito partidista. La actitud desafiante de Montero ayer en la Cámara Baja, alargando una estrategia para que no se hable del caso Koldo ni de las relaciones peligrosas de la esposa del presidente del Gobierno durante su estancia en La Moncloa, coincidió con la exagerada agresividad exhibida por Pedro Sánchez en sus intervenciones, dos hechos que parecen sintomatizar la pérdida de control de la situación que comienza a demostrar el Gobierno.
