Rosario. Los asesinatos a quemarropa de dos taxistas en Rosario, la ciudad argentina con mayor tasa de homicidios, son el último episodio de una saga de ataques narcos que tienen en la mira a un gobernador cuestionado por “bukelizar” la seguridad pública.
En dos meses de gestión, Maximiliano Pullaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe (centro), donde está la ciudad de Rosario, recibió 25 amenazas que atribuye al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil.
Pullaro busca terminar la construcción de una prisión de máxima seguridad y, entre otras cosas, el martes difundió imágenes de presos en un estilo que políticos y académicos acusan de ser una copia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“Cuanto más se metan con nosotros, peor la van a pasar”, advirtió a los jefes narcos el ministro de Seguridad local, Pablo Cococcioni, al asegurar que: “cuando esté terminada la cárcel de alta seguridad, no van a poder ni pestañear”.
Con 1,3 millones de habitantes y tercera ciudad de Argentina, Rosario es el principal puerto del país, y según los expertos se convirtió, a través de la hidrovía sobre el río Paraná, en punto privilegiado para salida de drogas desde Bolivia, Brasil y Paraguay hacia Europa y Asia. La ciudad tiene la peor tasa de homicidios: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces mayor al promedio nacional, el fenómeno criminal puso en foco el funcionamiento de las cárceles, desde donde los cabecillas de organizaciones delictivas ordenan ataques armados.
La noche del martes, un taxista fue acribillado con nueve disparos en su automóvil. El miércoles, otro fue asesinado de un tiro en la cabeza. El sindicato relaciona esas muertes con represalias por la difusión de imágenes de requisas carcelarias y un grupo de taxistas se manifiesta el jueves frente a la gobernación.
El martes por la tarde, las autoridades divulgaron fotos y videos de presidiarios en ropa interior, agachados y en fila, que acompañó con música heavy metal.
En otro hecho, el 2 de marzo, un autobús con personal del Servicio Penitenciario fue blanco de nueve disparos desde un automóvil. En ese episodio, los atacantes dejaron un mensaje intimidatorio que no fue difundido.
El presidente Javier Milei, felicitó el viernes pasado el trabajo de Pullaro en Rosario y citó una marcada reducción de homicidios en enero y febrero respecto al año pasado, (60% según Milei, una cifra “exagerada” según verificadores de hechos).
“Claramente el móvil (de estos ataques) es una reacción al reordenamiento de presos de alto perfil que hizo la gestión actual”, dice a AFP Franco Carbone, el fiscal que investiga las amenazas a las autoridades políticas.
"El objetivo es llamar la atención, no solo de las autoridades, sino de cada persona que habita Rosario, y generar conmoción pública", agrega.
Según la Justicia, esa fue la intención con la que fue baleado el año pasado el comercio del suegro del astro futbolístico Lionel Messi, en Rosario.
Estas "balaceras" alteran la vida cotidiana de las zonas más desprotegidas de Rosario, ciudad donde edificios lujosos contrastan con los 175 asentamientos precarios que carecen de servicios básicos.
“Hasta hace unos años, este era un barrio tranquilo, ahora no se puede salir a la calle después de las 8:00 p.m., dice Sonia, un ama de casa de 57 años que no quiso dar su apellido por temor. Vive en el barrio Tablada a pocos metros de un “búnker”, como se denominan las viviendas dedicadas a la venta de drogas al menudeo, que está siendo demolido por decisión del Ministerio de Seguridad.
“El gobierno comenzó con una lógica muy preocupante, que yo llamo de ‘bukelización’, porque lo único significativo que está haciendo (...) son escenas mediáticas”, dice el profesor de Criminología de la Universidad de Rosario, Enrique Font.
“Es contraproducente, porque el fenómeno que se confronta es una violencia muy rústica e indentitaria. Lo peor que se puede hacer desde el Estado es alimentar esa identidad, usándolos políticamente, mostrándolos, porque la violencia identitaria quiere ese reconocimiento”, dice el experto, cuestionando que se fotografíen y filmen las requisas y traslados.
El diputado local Carlos Del Frade, investigador del fenómeno de la criminalidad, sostuvo que la decisión gubernamental de difundir las imágenes "solo busca generar control social con la excusa de combatir el narcotráfico".
El propio Bukele, quien emprendió una cruzada contra las pandillas en El Salvador, se refirió a Rosario tras ser reelecto presidente.
“El problema de Argentina es (...) preocupante sobre todo en Rosario y otras zonas, pero más pequeño que en El Salvador”, afirmó, para agregar que las medidas a adoptar “no tendrían que ser tan drásticas” como en su país.
