Este jueves hubo una reunión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con las comunidades autónomas implicadas para analizar las modificaciones en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura . Desde la Junta de Castilla-La Mancha, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó: «Nos habían citado para ver en qué grado estaban los estudios realizados para modificar las reglas de explotación. Lamentablemente no se ha puesto sobre la mesa ningún informe y, por el contrario, nos han pedido a las comunidades que aportemos cuáles deben ser las modificaciones que se deben incorporar. Castilla-La Mancha va a seguir colaborando, aportará los datos que nos piden, pero entendemos que no debería ser ninguna maniobra de distracción y se deberían modificar ya las reglas de explotación ». Además, añadió que los puntos de partida de las distintas regiones «son claros y también lo son los posicionamientos técnicos». Por tanto, Castilla-La Mancha se compromete a mandar un informe técnico en los próximos 15 días, donde «ratificaremos lo que venimos diciendo: que necesitamos un caudal ecológico constante en el río Tajo, que debe ser un río con un régimen natural y que esto conlleva, dada la situación climatológica en la que nos encontramos, que las reglas de explotación tengan que ser adaptadas». Por su parte, desde el Gobierno de Murcia dijeron que confiaban en que el Ministerio fuera a la reunión «sin prejuicios y con espíritu constructivo, en la búsqueda de soluciones reales al grave problema hídrico que tenemos en la cuenca del Segura, pero no ha sido así». Y, por si había alguna duda, ya adelantaron que «no se va a permitir que desde el punto de vista técnico, o desde el punto de vista político, se reduzcan los envíos que llegan a la cuenca del Segura». Mientras, desde la Generalitat valenciana también mostraron su «decepción» por haber quedado «relegada a espectadora». «En lugar de instaurar un marco común para dar estabilidad a los trasvases de forma consensuada», en la reunión se ha comunicado que «las demandas particulares deben ser trasladadas por parte de las comunidades autónomas en los próximos días» y que «la decisión final será tomada únicamente por el Ministerio de Transición Ecológica».
