La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este martes dos órdenes de detención contra militares rusos implicados presuntamente en crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco de la invasión rusa de Ucrania. La sala segunda de la cámara de primera instancia de la corte reclama al teniente general de las Fuerzas Armadas, Serguéi Kobylash, y al almirante de la Armada, Víktor Sokolov, que fue dado por muerto en septiembre por parte de las autoridades ucranianas. El tribunal con sede en La Haya ya emitió en marzo del pasado año una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisionada rusa para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por su presunta responsabilidad en el traslado forzoso de menores ucranianos a la Federación Rusa.
La corte atribuye tanto a Serguéi Kobylash, de 58 años, como a Víktor Sokolov, de 61, la presunta comisión de crímenes de guerra por dirigir ataques contra civiles y por causar «daño incidental excesivo» a civiles u objetos civiles, además de ser supuestamente responsables de crímenes de lesa humanidad por «actos inhumanos». El tribunal entiende que «existen motivos razonables para creer que los dos sospechosos son responsables de los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica ucraniana desde al menos el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023».
«Hay motivos razonables para creer que son individualmente responsables penalmente por los mencionados crímenes por haber cometido los actos conjuntamente y/o a través de otros, ordenar la comisión de los crímenes, y/o por su falta de ejercicio de un control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando», recoge el comunicado de la CPI, que suele mantener en secreto el contenido de las órdenes de detención. El tribunal considera en este caso que difundir los motivos en esta ocasión puede «contribuir a la prevención de la comisión adicional de crímenes».
La sala que analiza el caso estima que «existen motivos razonables para creer que los presuntos ataques fueron dirigidos contra objetos civiles y, en cuanto a aquellas instalaciones que podrían haber sido consideradas objetivos militares en el momento relevante, el daño civil incidental esperado habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada».
Esa presunta campaña de ataques puede entenderse como una «conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, de conformidad con una política estatal». «Como tal, existen motivos razonables para creer que los sospechosos también son responsables del crimen de lesa humanidad de "otros actos inhumanos (...) que causen intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física"», según el Estatuto de Roma en el que se fundamenta la CPI, del que Rusia no es firmante.
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró a través de redes sociales una decisión que se enmarca «en los ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas bajo su mando contra la infraestructura eléctrica de Ucrania desde el 10 de octubre de 2022 hasta por lo menos el 9 de marzo de 2023», según el CPI. «La justicia internacional requiere tiempo, pero es inevitable», expresó Zelenski, que se comprometió a «seguir haciendo todos los esfuerzos para que ninguna bestia rusa responsables de los asesinatos de niños, mujeres y hombres ucranianos se quede sin castigo».
