El recurso va contra Armengol y no entra a valorar la norma sino la decisión de la Mesa
El vicesecretario de acción política de Vox, Jorge Buxadé, ha anunciado que su partido interpondrá hoy mismo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, con "cautelarísima in audita parte debitoris", es decir; de manera inmediata, para la paralización de la reunión de la Comisión de Justicia convocada para este jueves, 7 de marzo, con el fin de evitar que siga adelante la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.
Buxadé indicó que el recursos se interpone contra la decisión de la Presidente del Congreso, Francina Armengol, de ordenar la devolución a la comisión de justicia para su dictamen, contra el acuerdo de la Mesa del Congreso de ratificar dicha decisión, y contra el Acuerdo de la Mesa de Justicia de convocar el próximo 7 de marzo. Además, se impugna la debida valoración del art. 131 del Reglamento del Congreso, que, indican, "vulnera el llamado ius in officium de los 33 diputados de Vox.
El vicesecretario de la formación que lidera Abascal ha explicado que el recurso con la "cautelarísima" se funda en el hecho de que, sino se suspende la sesión del próximo jueves o el futuro Pleno, se haría perder al recursos su finalidad legítima. Asimismo, ha recordado que en el recurso hay apariencia de buen derecho, no hay peligro de mora procesal y no perturba ni intereses generales ni de parte. También ha explicado que dicho recurso "en ningún caso entra a valorar la ley de amnistía, sino la acción de la Mesa de la Cámara Baja".
En este sentido el recurso plantea la "arbitraria, injusta e ilógica interpretación" por parte de Armengol del artículo 131 del Reglamento del Congreso. "La única interpretación posible del Reglamento del Congreso es la desaparición de la historia jurídica constitucional española de esa proposición" por haber sido votada en contra por mayoría absoluta del Pleno, indicó. Buxadé aclaró que este recurso no entra a valorar le ley orgánica de régimen electoral general para evitar que aquellos que están fugados de la justicia "y perseguidos por los más graves delitos de terrorismo, malversación de caudales, delitos de rebelión o cualquier otro delito grave, no puedan concurrir a un proceso electoral y pierdan el derecho a sufragio pasivo". "Es un insulto a nuestra democracia y es un insulto a millones de españoles que piensan como nosotros que el señor Puigdemont y quienes se han fugado de la acción de la justicia de España puedan volver a presentarse a unas elecciones".
