Agentes de la Policía Nacional han descubierto una explotación agrícola en la localidad alicantina de Aspe en la que se obligaba a inmigrantes a trabajar en condiciones de « semiesclavitud «, incluso alojados en contenedores y amenazados de que harían daño a sus familias si intentaban escapar. Les exigían deudas disparadas de 3.000 euros por un préstamo inicial de cien y han detenido a tres personas de origen rumano, tras recibir una alerta de las autoridades de aquel país. Están siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, extorsión , grupo criminal y delito contra el derecho de los trabajadores , que mantenían retenidos bajo coacciones y explotados laboralmente en fincas agrícolas a cuatro conciudadanos suyos, según ha informado la Jefatura en un comunicado. La investigación policial tuvo su inicio a raíz de una información recibida de carácter urgente por parte de las autoridades de Rumanía que informaban sobre la posible retención de ciudadanos rumanos por parte de un grupo criminal que los estaba coaccionando y explotando laboralmente en terrenos agrícolas de nuestra geografía, señalando concretamente a la localidad alicantina de Aspe como punto en los que se estaban llevando a cabo estos delitos. Ante la gravedad de estas prácticas, los agentes de la Policía Nacional adscritos al Grupo 2º de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de la investigación, llevando a cabo una serie de gestiones a través de las cuales averiguaron la localización concreta de la finca en la que estas personas estaban siendo explotadas laboralmente. MÁS INFORMACIÓN noticia No Cae en Valencia un grupo que extorsionaba a clientes de la prostitución tras picar en anuncios falsos Los agentes observaron a un varón que trasladaba a otros dos hombres desde un domicilio en Aspe a la finca agrícola, donde identificaron a los dos que habían sido trasladados anteriormente allí junto a un tercero que manifestó ser el propietario de la explotación y tener como empleados a los otros dos hombres, todos de nacionalidad rumana. Además, rápidamente enseñó a los agentes una nómina a nombre de uno de los dos supuestos empleados. Tras ser identificados, los agentes comprobaron que uno de los dos trabajadores era la persona que había dado la voz de alarma acerca de su situación, por lo que tras ser preguntado por los agentes si estaban siendo retenidos, coaccionados o explotados laboralmente éste varón manifestó que sí y pidió ayuda a los agentes. Deuda impagable Una vez en privado, la víctima manifestó a los agentes que tras pedir un préstamo de 100 euros a otro compatriota suyo, siendo este el conductor del vehículo que los llevaba a la finca y los recogía, le dio el dinero con la condición de que cada mes que pasara sin cobrar la deuda se duplicaría la cantidad. Justo en esa época y debido a la pandemia del Covid, la víctima tuvo que regresar a su país, por lo que no pudo saldar la deuda. Tras regresar a España el prestamista le solicitó el pago de la deuda que se había elevado a 3.000 euros y le retuvo la documentación y le obligó a trabajar en explotaciones agrícolas 10 horas diarias tanto en España como en Francia, pagándole sólo 40 euros semanales para que pudiera comer y llegando a ser alojado temporalmente en contenedores habilitados como viviendas de manera indigna e insalubre. La víctima ha permanecido en esta situación alrededor de dos años junto con otros compatriotas, y calcula que ha pagado al investigado mediante los trabajos realizados unos 90.000 euros y que a pesar de esto todavía le reclama una deuda de 3.000 euros. También manifestó que no había denunciado antes su situación y tampoco había huido por el temor a las represalias, ya que considera muy peligrosos tanto a este varón como a su esposa. Los agentes averiguaron que el propietario de la explotación agrícola colaboraba con la persona que tenía coaccionados y explotados laboralmente a estos dos trabajadores, y que el salario de estos dos empleados era ingresado en cuentas bancarias que pertenecían al principal investigado y a su esposa, por lo que el dinero nunca iba a parar a los trabajadores, sino directamente a las cuentas bancarias de los cabecillas del grupo criminal. Tras realizar otras indagaciones y gestiones policiales los agentes comprobaron que en otras tierras , también propiedad del varón propietario de la finca anteriormente mencionada, se encontraban trabajando otros dos varones, víctimas también del grupo criminal. Durante la investigación los agentes averiguaron que los otros dos trabajadores también habían contraído deudas económicas con el cabecilla del grupo criminal y que estaban siendo explotados laboralmente para pagarla, pero que a pesar de esto la deuda nunca se saldaba. A ellos también les había sido retenida la documentación y habían sido amenazados con hacerles daño a sus familias si escapaban o si denunciaban los hechos a la policía. Más víctimas en Francia En el registro practicado por los agentes en el domicilio del cabecilla del grupo criminal intervinieron1.650 euros y 1.802 leus rumanos (moneda oficial de Rumanía) en efectivo. También fueron intervenidos varios extractos bancarios a nombre tanto de los investigados como de varios familiares suyos en los que había un saldo acumulado de más de 130.000 euros, dinero procedente de transferencias bancarias realizadas por parte de empresas agrícolas francesas que ingresaban el dinero en esas cuentas bancarias por el trabajo realizado por las víctimas de este grupo criminal. Además también fueron halladas varias nóminas a nombre de las cuatro víctimas, pero tras comprobar los agentes sus datos en la Seguridad Social ninguno de estos trabajadores figuraba como dado de alta. Finalmente los agentes localizaron tanto al cabecilla de la organización como a su esposa, siendo esta la que recibía los salarios de los trabajadores en sus cuentas bancarias, y por otro lado al propietario de las fincas agrícolas. Los arrestados, dos varones y una mujer, de entre 24 y 47 años de edad, y de nacionalidad rumana, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Novelda . Los agentes asistieron a las víctimas y las pusieron en contacto con los servicios sociales para que recibiesen la asistencia necesaria y poder solventar su actual situación social. Y continúan con las investigaciones al tener conocimiento de que cuatro víctimas más de este grupo criminal fueron trasladadas a Francia para seguir siendo explotados laboralmente en el país vecino, estando en contacto en todo momento tanto con las autoridades francesas como con las autoridades rumanas.
