Cuando considero que tengo que escribir sobre una conducta como la de José Luis Ábalos en la gestión de la compra de mascarillas por el ministerio que él dirigía en plena pandemia, siempre me pregunto qué hubiera hecho yo en su lugar. Y hasta que me doy a mí mismo una respuesta a dicho interrogante, no escribo.
El primer elemento que he tomado en consideración para formarme mi opinión es el tiempo. Por un lado, el momento en que se decidió por el ministerio dirigido por José Luis Ábalos la compra de las mascarillas. Por otro, el momento en que se ha conocido que hay indicios de que en la operación de dicha compra se produjeron cobros de comisiones por varias personas, algunas de las cuales habían sido colaboradores íntimos del entonces ministro y ahora diputado.
El hoy diputado Ábalos tiene que rendir cuentas de la gestión de la operación de compra de las mascarillas por el ministerio que él dirigía. ¿Hubo alguna irregularidad en dicha operación? ¿Se vulneró la legislación administrativa en algún momento del proceso? ¿Se adquirieron las mascarillas a un precio desorbitado, generándose con ello una lesión para las arcas públicas? Puesto que fueron muchas las operaciones de compra de mascarillas durante la pandemia, ¿se aparta la operación del ministerio dirigido por Ábalos de las demás? Dicho en pocas palabras: ¿fue la operación institucionalmente corrupta?
De ser así, sería la conducta del entonces ministro Ábalos la que habría sido constitutiva de delito, por la que se le tendría que exigir eventualmente la responsabilidad criminal correspondiente. Como no ha transcurrido el tiempo exigido para la prescripción del delito, se podría y se debería residenciar su conducta ante la autoridad judicial competente, que en este caso sería el Tribunal Supremo.
Independientemente de la conclusión que se alcanzara sobre la operación ministerial de compra de mascarillas, el hoy diputado Ábalos tiene que dar una explicación acerca de la conducta de sus colaboradores respecto de los cuales existen indicios de conducta delictiva con ocasión de dicha operación.
Es importante no perder de vista la distinción entre la perspectiva institucional y la perspectiva personal tanto en el caso del hoy diputado y entonces ministro Ábalos como en el de sus colaboradores. Es importante que se sepa si fue el ministerio el que actuó de manera corrupta o no lo fue. Ya que, de haber sido aquel el caso, habrían fallado todos los instrumentos de control, tanto los previos a la toma de la decisión como los posteriores. No estaríamos ante un problema de conductas individuales presuntamente corruptas, sino ante un problema de una dimensión distinta. Estaríamos ante un fallo clamoroso del sistema de contratación pública.
Nadie puede tener más interés que el diputado Ábalos en que ambas perspectivas queden clarificadas. En la institucional es su ejecutoria como miembro del Gobierno de la Nación lo que está en juego. En la individual, su ejecutoria no está comprometida, aunque ello no quiere decir que no tenga que responder políticamente por los nombramientos de las personas cuyas conductas han sido presuntamente delictivas. Pero son cosas distintas.
Llegado a este punto, ¿qué pasos habría dado si fuera José Luis Ábalos?
El primero, mantener la condición de diputado, pero dándome de baja en el partido socialista, pasando a formar parte del grupo mixto. A toro pasado, es fácil tomar la decisión. Pero hubiera estado bien que José Luis Ábalos hubiera ahorrado a la dirección del PSOE tomar la decisión que ha tomado respecto de su permanencia en el escaño. Debería haberse adelantado a la misma.
Solicitar a continuación a la Mesa de la Cámara la apertura de una investigación en el Congreso de los Diputados, que es el único órgano constitucional que puede exigir responsabilidad política a los miembros del Gobierno, a fin de que determine el alcance de dicha responsabilidad. La presencia del diputado Ábalos ante la Comisión de Investigación es indispensable para el ejercicio del derecho a la defensa política de su gestión. La dimisión del escaño vaciaría de facto la investigación parlamentaria.
Una vez finalizada la investigación parlamentaria, independientemente de cuál fuera la conclusión que se alcanzara, abandonaría el escaño.
Pienso que José Luis Ábalos debería dirigirse a la opinión pública con el mensaje de que su primera obligación es defender la ejecutoria del ministerio que dirigió en general, pero todavía más en la operación de compra de las mascarillas y que, para ello, es indispensable mantener su condición de diputado y ejercer como tal ante la comisión de investigación correspondiente.
Y a continuación informar que entiende que el error que cometió al nombrar a determinados colaboradores exige asumir la responsabilidad política pertinente, que únicamente puede traducirse en la renuncia al escaño.
Por último, solicitaría continuar siendo miembro del PSOE.
