Tuvo verificativo, la pasada semana, el congreso de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en la ciudad de Querétaro, bajo la línea temática que uso como encabezado de esta columna. Debo decir que, en los 40 años que tengo de ejercicio profesional asistiendo a este tipo de eventos, nunca percibí un gremio tan unido por una misma causa que, si lo pudiéramos englobar en una frase, esta sería: “la defensa del Estado de derecho”.
Si los acontecimientos de los últimos cinco años han venido forjando una creciente preocupación por los constantes ataques a instituciones, principios, grupos y personas desde el Palacio Nacional, los hechos acontecidos el día previo al congreso y el propio 22 de febrero, terminaron por dar forma a un profundo sentimiento de indignación entre los colegas. El primero, consistente en las declaraciones formuladas por Arturo Zaldívar ante los señalamientos críticos de la Barra por la confesión realizada por el presidente respecto de su intervención de “ministro alineado al gobierno”, a las que el señalado reaccionó calificando a la Barra como irrelevante. El segundo hecho, aún más grave, la autocalificación que el presidente López asumió como máximo baluarte del sistema jurídico, considerando que su “autoridad moral” está por encima de las leyes. Semejante desproporción, resultado de su furibunda reacción ante la aparición del artículo del New York Times acusándolo de vínculos con el narco.
La convergencia de la información pareció generar un sentimiento común que dio al recinto un ambiente más parecido a un ‘cuarto de guerra’ que a un foro académico. Los mensajes de los ministros que tomaron parte en el evento, Laynez, Aguilar y la propia ministra Piña, en defensa de la independencia judicial, fueron recibidos como una llamada a la cohesión de todos los asistentes en torno a un objetivo común.
La Barra tiene más de 100 años de vida, pero más allá de su larga historia y tradición es necesario destacar que hoy reúne a los abogados mexicanos más destacados; muchos de ellos, líderes de opinión y reconocidos juristas en diversos ámbitos. Quien no entienda el papel que tiene la labor de los juristas en la construcción y eficacia de un Estado constitucional de derecho, es porque se ha mantenido alejado de los temas centrales de administración de justicia, rendición de cuentas, control de constitucionalidad, división de poderes y observancia de derechos humanos, entre muchos otros temas centrales en la vida democrática de cualquier sociedad moderna.
La labor de contención que todos los colegios de abogados y el resto de la sociedad ejercen como contrapeso de los intentos antidemocráticos, convocando pacíficamente a otros poderes, es esencial en la preservación de los valores que nos identifican como nación y que nos dotan de las necesarias certezas para nuestra vida colectiva.
Por eso, el especulativo título del congreso fue respondido en esos tres días de manera categórica: el derecho en el México que viene es uno que reconoce a la Constitución por ley suprema, que defiende a las instituciones, la transparencia y la división de poderes, que busca la justicia como bien superior y que se opone radicalmente a la arbitrariedad, la concentración unipersonal del poder y el ataque a las instituciones.
