Las autoridades nacionales y los tribunales de los países miembros del Consejo que han utilizado el software Pegasus deberán ofrecer aclaraciones. Así lo ha aprobado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) este miércoles a través de una resolución y una recomendación en las que se menciona a cinco países, entre ellos España, por el espionaje a líderes del independentismo catalán y a otros políticos. La resolución ha salido adelante con 91 votos a favor y 16 en contra. Se han posicionado en contra de la decisión tanto PP y Vox como el PSOE.
El texto pretende que se pueda determinar si, al acceder a través de ese programa de espionaje a los móviles de personalidades políticas, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, esa intromisión en su privacidad se hizo con un objetivo legítimo, como la seguridad nacional o la prevención de delitos. Además, defiende que "el uso de 'spyware' del tipo Pegasus debería limitarse a situaciones excepcionales como medida de último recurso, para evitar o investigar un acto específico que equivalga a una amenaza real y genuina a la seguridad nacional o un delito grave específico, y solo contra la persona sospechosa de cometer o planear cometer esos actos".
A España se le pide expresamente que informe a la Asamblea y a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo integrado por expertos constitucionales, "sobre el uso de Pegasus, Candiru y similares, en un plazo de tres meses". También solicita que se lleven a cabo "investigaciones efectivas, independientes y rápidas sobre todos los casos confirmados y presuntos de abuso de 'spyware'" y se brinde "suficiente reparación a las víctimas en los casos de vigilancia ilegal". Por último, se pide al Estado español que "aplique las sanciones adecuadas, ya sean penales o administrativas, en casos de abusos" y que se contenga de utilizar la legislación en torno a los secretos "para denegar acceso a información sobre el uso de 'spyware' a los mecanismos de supervisión y las personas afectadas".
Esta resolución ha sido presentada por el diputado holandés Pieter Omtzigt, del PPE. En ella se constata que varios de los 46 países que integran el Consejo de Europa "han adquirido y usado Pegasus para vigilancia selectiva de sus propios ciudadanos".
"Si las cosas se han hecho correctamente, no hay que tener miedo", subrayó Omtzigt al término de un debate en el que quedó patente el choque entre los parlamentarios de la derecha y la extrema derecha española, por una parte, y la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Laura Castel, por otra.
En el caso de España, el ponente del informe ha insistido en que tendrían que hacerse públicas las autorizaciones judiciales que recibió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para vigilar con Pegasus a líderes del independentismo catalán y debería ponerse en marcha una comisión de investigación parlamentaria. También ha recordado, en base a los hallazgos realizados por la comisión sobre Pegasus en la Eurocámara, que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros "fueron presuntamente infectados con Pegasus por un país tercero (Marruecos)".
La diputada socialista Susana Sumelzo defendió la actuación en esta cuestión del Gobierno de Pedro Sánchez, del que dijo que se ha comprometido con "la regeneración democrática" y con el refuerzo de los servicios secretos". Sobre todo, Sumelzo aseguró que la información extraída de las 18 personas a las que el CNI ha admitido haber espiado (de las 65 personalidades independentistas a las que se les pinchó el teléfono, según Citizen Lab) sólo se utilizó para los fines que había autorizado el magistrado del Tribunal Supremo que dio el visto bueno a la operación. "Sus derechos fundamentales han estado siempre protegidos por un magistrado del Tribunal Supremo", insistió.
Además, recordó que los acuerdos con los independentistas tras las elecciones legislativas de julio para los órganos de dirección del Congreso de los Diputados incluyen la organización de una comisión de investigación parlamentaria sobre esta cuestión.
Castel hizo hincapié en el bloqueo a esa comisión por parte de la derecha y se quejó de que las personas espiadas no pueden saber qué fue lo que se extrajo de sus móviles ni han podido consultar la autorización judicial que permitió al CNI recurrir a Pegasus para lo que calificó como "un ataque sin precedentes contra un movimiento democrático".
Claramente en contra del informe se posicionó el Partido Popular español (PP), que por boca de su diputado Pablo Hispán cargó contra el ponente, que a su parecer "se comporta como un juez, fiscal y verdugo" pero sin preguntar a los acusados, ya que "ningún Estado a los que se refiere el señor Omtzigt ha tenido derecho de defenderse".
Hispán tampoco estuvo tibio con los independentistas catalanes espiados con Pegasus o que alegan haberlo sido: "Estas supuestas víctimas presentan falsos positivos (...) o no colaboran con los tribunales de Justicia".
En una línea similar, el diputado de Vox José María Sánchez García descalificó el texto del ponente porque a su parecer se basa "en hechos aislados" y porque en el caso de España no tiene en cuenta que las personas espiadas con Pegasus "habían protagonizado un golpe de Estado" con el "referéndum ilegal" de 2017 y desde entonces han seguido diciendo "que volverían a protagonizar un golpe de Estado".
"Ese espionaje que se hizo en ese momento –añadió– estuvo bien hecho" y además se llevó a cabo "de acuerdo a la ley" y autorizado por un magistrado.
Para Omtzigt, las autoridades "no han sido transparentes" y una vez que se cerró el capítulo del referéndum independentista, debería autorizarse una investigación parlamentaria para examinar cómo actuaron unos y otros y cómo lo hizo el Estado.
En el texto de la APCE se reprocha a España, entre otras cosas, que los procedimientos judiciales abiertos por las denuncias de los independentistas "no están avanzando tan rápido como se esperaba".
También que un tribunal debería poder verificar si la autorización que se dio al CNI de espiar a los 18 fue proporcional y necesaria.
Por otra parte, la resolución de la APCE pide a Marruecos que les informe en el plazo de tres meses "de si ha usado Pegasus o 'spyware' similar en su territorio o fuera de él". Aquí sería donde entraría el presunto espionaje a Sánchez y otros miembros del Gobierno, pero también al presidente francés, Emmanuel Macron.
Además, reclama a Rabat que ponga en marcha en un plazo de tres meses "una investigación plenamente independiente sobre el presunto uso de Pegasus por las autoridades estatales contra objetivos en Marruecos y objetivos dentro de la jurisdicción de los estados miembro del Consejo de Europa".
También hay peticiones concretas a Israel, país en el que se fabrica Pegasus. Así, solicita a las autoridades israelíes que "cooperen plenamente con las investigaciones realizadas por estados miembro del Consejo de Europa respecto al uso de Pegasus y otro 'spyware' exportado por Israel o vendido por empresas con sede en Israel".
Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procedió a archivar la causa que investigaba el supuesto espionaje a Sánchez y varios ministros con Pegasus por la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, que no había contestado a la comisión rogatoria enviada por el tribunal.
Igualmente se pide a Israel que "fortalezca sus mecanismos de control de exportaciones para garantizar que las licencias relativas a tecnologías 'spyware' son denegadas o revocadas cuando hay un riesgo sustancial de que esas tecnologías puedan ser usadas para la represión interna o transnacional y/o la comisión de violaciones de los Derechos Humanos". Además, quiere que haga público su marco de control de exportaciones en un plazo de seis meses y se lo haga llegar.
