Jorge Hernández mintió a sus socios, amenazó con desenmascarar a sus compañeros informantes e incluso admitió haber matado a tres personas durante sus días como traficante de cocaína. Pero una y otra vez, aprovechó sus extensos contactos en el submundo del narcotráfico para mantenerse con vida, evitar la cárcel y seguir ganando dinero.
Ahora Hernández ha vuelto a darle la vuelta a la tortilla, esta vez, a la misma Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y ha entregado su trofeo más explosivo hasta el momento: dos agentes veteranos de la DEA acusados de recibir sobornos de 73 mil dólares por información filtrada sobre investigaciones de drogas en curso.
Hernández, una figura fornida y calva conocida por el apodo español de ‘Boliche’ (bola de boliche), hizo grabaciones secretas para el FBI y se espera que desempeñe un papel clave este mes en el juicio en la corte federal de Manhattan contra los ex supervisores de la DEA: Manny Recio y John Costanzo Jr.
Es un caso que amenaza con exponer la parte más sórdida de la principal agencia de aplicación de la ley de narcóticos del país, que ha visto al menos 18 agentes acusados o condenados por delitos desde 2015, muchos de ellos por ser demasiado acogedores con los informantes.
No está en juicio, pero en medio de todo está un círculo ferozmente competitivo de abogados defensores de Miami de alto precio, a los que se hace referencia frívolamente como la “barra de polvo blanco”. Su interés en el comercio no son tanto los puntos más finos de la ley, sino la lucha por inscribir a los clientes capos antes de que se seque la tinta de sus acusaciones, negociar acuerdos de rendición y convertirlos en cooperantes del gobierno.
En un mundo así, informantes como Hernández prosperan comerciando con la moneda de la información: quién será acusado y cuándo, dijo Steven Dudley, cofundador de Insight Crime, un centro de investigación centrado en América Latina.
“Es una pieza clave en un sistema corrupto que se trata de presentar casos y ganar dinero”, dijo Dudley.
“Cuando se hacen casos todos ganan”, agregó. “A los narcos les bajan las penas y se quedan con algunas ganancias, los fiscales y agentes reciben ascensos, y los abogados se llevan el dinero. La única perdedora es la Dama de la Justicia”.
El caso es solo la más reciente vergüenza para la DEA, luego del arresto de un destacado agente en Colombia que lavó dinero para los cárteles y gastó generosamente en joyas Tiffany y viajes VIP, y otro acusado de aceptar 250 mil en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York.
El papel central de Hernández en el caso más reciente surgió de una revisión de The Associated Press de cientos de registros judiciales, algunos de los cuales nunca han sido revelados públicamente, y entrevistas con 12 funcionarios policiales actuales y anteriores familiarizados con su carrera como informante confidencial, incluidos varios que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto.
Los abogados de Recio y Costanzo han expresado su preocupación en documentos judiciales sobre los antecedentes penales de Hernández, en particular las tres personas que admitió haber matado antes de convertirse en informante. Pero los fiscales insisten en que es confiable, señalando registros bancarios y llamadas telefónicas intervenidas que, según dicen, corroboran su testimonio.
“El hecho de que alguien haya cometido delitos no significa que descartemos inmediatamente todo lo que dice”, dijo el fiscal federal adjunto Sheb Swett a un juez a principios de este año.
Ni la DEA ni el Departamento de Justicia respondieron a las solicitudes de comentarios. Hernández colgó cuando fue contactado por la AP.
Los registros judiciales muestran que Hernández, de 56 años, comenzó su ascenso criminal en la década de 1990 despachando barcos cargados de cocaína para las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo de derecha que luego se transformó en una de las organizaciones narcotraficantes más grandes del mundo.
En el año 2000, huyó a la vecina Venezuela, donde fue arrestado. Después de pagar sobornos para asegurar su liberación, se acercó a la DEA para convertirse en informante.
Según todos los informes, Hernández demostró ser un hábil creador de casos, desarrollando una reputación de ofrecer resultados, pero también de comportamiento agresivo hacia amigos y enemigos por igual.
Los agentes se volvieron tan dependientes de la red de más de 100 informantes de Hernández en América Latina y el Caribe que le asignaron un teléfono y un escritorio en la sede de Tampa de la Operación Panamá Express, un grupo de trabajo federal antinarcóticos que combina recursos del FBI, la DEA, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Poco después, Hernández comenzó a cooperar con el FBI en Nueva York, que tenía su propia investigación sobre Saab. Esta vez su pago no fue en efectivo, sino en tratar de evitar su propia exposición criminal.
En 2017, Hernández conectó a Saab con Bruce Bagley, un experto en narcotráfico de la Universidad de Miami. A instancias de Hernández, Bagley recibió 3 millones de dólares de cuentas controladas por Saab en Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Luego transfirió el dinero a Hernández, dijeron los fiscales, creyendo que sería enviado a los fiscales estadounidenses de Saab, que estaban negociando en secreto un acuerdo para que Saab traicionara a Maduro.
Pero el profesor admitió tener una comisión del 10 por ciento y en 2021 fue condenado a seis meses de prisión por lavado de dinero.
Personas familiarizadas con el caso dijeron a la AP que Hernández también fue acusado bajo sello en el mismo esquema de lavado de dinero, y eso pudo haberlo empujado a seguir cooperando.
Los documentos judiciales muestran que a principios de 2019, bajo la dirección del FBI, Hernández grabó conversaciones con Recio, así como con el abogado de Miami, Luis Guerra, en las que discutieron el reclutamiento de objetivos de las investigaciones de la DEA como clientes utilizando información confidencial supuestamente proporcionada por Costanzo. Recio se había retirado recientemente de la DEA y trabajaba como investigador privado con Guerra y otro abogado, David Macey.
Recio está acusado de de hablar cientos de veces en un teléfono desechable que compró para Costanzo para presuntamente coordinar búsquedas ilegales en bases de datos criminales. A cambio, Recio presuntamente dirigió compras a Costanzo por un total de 73 mil dólares, incluidos boletos de avión y el pago inicial de un condominio. Los fiscales no alegaron en la acusación que los abogados estuvieran al tanto de esos regalos.
También se analizaron conversaciones entre Recio y Costanzo sobre planes confidenciales de la DEA en 2019 para arrestar a otro cliente potencial. César Peralta era un traficante de alto nivel en República Dominicana que pudo eludir la captura durante más de cuatro meses a pesar de una búsqueda masiva que involucró a 700 agentes de la ley, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso.
La tarea de llegar a los sospechosos de narcotráfico para dirigirlos a los abogados de su elección fue asignada a Hernández, a quien supuestamente se le prometió una generosa reducción de los honorarios legales.
“No le digas a nadie de dónde viene esa información”, le dice Guerra a Hernández en una conversación grabada, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso. “Hazlo como siempre lo haces, hermano. Usando tu magia”.
Los fiscales se negaron a decir si algún abogado ha sido o será acusado. Los abogados de Recio y Costanzo no respondieron a las solicitudes de comentarios, ni tampoco lo hicieron Macey y Guerra.
Costanzo, quien fue suspendido por la DEA después de ser acusado, negó en una entrevista del FBI en 2019 haber tomado algo de valor. Pero reconoció que él y otros agentes a veces avisaban a los abogados defensores como parte de su misión de alentar a los sospechosos a entregarse y cooperar.
“Hemos estado haciendo esto durante años”, dijo.
En cuanto a Hernández, todavía está involucrado en la comunidad legal de Miami, dirigiendo Hernández de Luque Brothers, anunciada en su sitio web como un “nuevo tipo de firma de consultoría para un mundo cambiante”.
“Una parte integral de nuestros servicios es trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para que puedan tomar las decisiones correctas al seleccionar al abogado adecuado”.
