Propuesta clasifica a afiliados por grupos de edades con el objetivo de diferenciar la política de inversiones de sus recursos
La Superintendencia de Pensiones (Supén) propuso una reforma a las pensiones del ROP que plantea dividir a todos los afiliados en cuatro grupos de edad y riesgo, lo cual se conoce como fondos generacionales, para la administración del dinero de 3 millones de trabajadores y 42.000 jubilados.
El plan, enviado a consulta pública el pasado 4 de octubre, tiene el objetivo de que cada grupo cuente con una política de inversión diferenciada. Por ejemplo, para las personas que están más cerca del retiro o ya pensionadas, la estrategia debe ser más conservadora para mitigar las variaciones en los rendimientos del mercado de valores.
En contraste, quienes inician su vida laboral, la propuesta permite la inversión en opciones financieras con un nivel de riesgo mayor, pero que provean un mayor rendimiento con el fin de hacer crecer el monto de dinero del afiliado.
La reforma no implica un cambio en la comisión de administración que cobran las operadoras de pensiones complementarias (OPC) para los fondos generacionales; se mantiene la tasa máxima actual del 0,35% del monto administrado de cada trabajador.
Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, explicó que en la estructura actual no existe una diferenciación en el rendimiento recibido por los afiliados al ROP.
El cambio, según la funcionaria, elevaría el patrimonio de cada trabajador entre 5% y 15% al momento de su retiro.
“El reto será explicarle a todos los afiliados el cambio propuesto. Hay que iniciar desde ahora y no en octubre del próximo año cuando se propuso la entrada en vigencia del cambio”, afirmó la superintendenta, este miércoles, en el Foro sobre fondos generacionales, una reforma necesaria para la gestión del ROP, organizado por la Supén y la Academia de Centroamérica.
El proyecto de reforma aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) implica el cambio en tres reglamentos y no requiere de la aprobación del Congreso. Las normativas que se modificarían son la del funcionamiento del ROP, la de inversiones y la de beneficios para las personas.
El régimen complementario de pensiones fue creado, en el 2000, mediante la Ley de Protección al Trabajador. Hasta agosto pasado, el ROP administrado por las operadoras registró un saldo de ¢10,3 billones.
El plan de la Superintendencia plantea que el grupo denominado Fondo A esté integrado por personas nacidas antes de 1970. Incluye tanto trabajadores como quienes estén actualmente pensionados.
Según el cálculo de la Supén, las operadoras administrarían para esta subdivisión un total de ¢3,1 billones y cuya estrategia de inversión debe ser conservadora, es decir, principalmente instrumentos de renta fija.
En este grupo se incluyen los registros erróneos (personas sin identificar) y de los trabajadores cuya fecha de nacimiento no esté registrada. Cuando se identifique, la OPC debe trasladar los recursos de las personas al grupo correspondiente.
El Fondo B estaría integrado por quienes nacieron en 1970 y 1979. En este grupo, el saldo de recursos es equivalente a ¢3,4 billones.
El Fondo C sería para las personas que nacieron entre 1980 y 1989 y a quienes las OPC les administran actualmente ¢3 billones.
Para el Fondo B y Fondo C se propone una estrategia de inversión moderada. Los portafolios podrán estar compuestos por deuda de renta fija, entre 80% y 60% de los recursos administrados, y en renta variable (acciones) entre el 40% y 60%.
El Fondo D estaría conformado por los trabajadores más jóvenes, es decir, las personas nacidas entre 1990 en adelante. Actualmente, a este grupo las operadoras les administran ¢1,6 billones.
La normativa en consulta permite que la estrategia de inversión de este grupo sea más agresiva, pues permite que hasta el 80% de los recursos administrados se inviertan en instrumentos de renta variable.
La Superintendencia reconoce que, para esta generación, las inversiones se centrarán principalmente en el mercado internacional en el mediano plazo.
El cambio permite al trabajador de los fondos B, C y D pasarse, cada cinco años, a un grupo distinto al de su edad, pero solo podrá hacerlo al que este por encima o debajo del suyo.
Quienes estén en el Fondo A tendrán vetada la posibilidad del traslado.
