La cruzada judicial contra los Charlines, el famoso clan gallego que introdujo hachís, primero; y cocaína, después, durante la década de los 80 y los 90 en Galicia se retomó el pasado mes en la Audiencia Nacional al abrirse un nuevo proceso: un juicio a sus miembros por el lavado de hasta 15 millones de euros procedentes del narcotráfico. Hasta ahora, cuando les ha llegado el momento de declarar, sus miembros han intentado desvincularse de la causa y han asegurado que su patrimonio no se debe al tráfico de drogas, negando su vinculación con las empresas que, se recoge, habrían sido empleadas para el blanqueo de dinero. Sin embargo, fuentes policiales sostienen ahora que hay pruebas que apuntan a que esas firmas, pese a estar a nombre de terceros, sí pertenecían al clan. Así lo ha explicado este miércoles uno de los policías que tomaron parte en la investigación por blanqueo de capitales, en la cuarta jornada del juicio en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares contra cuatro de los hijos del ya fallecido capo Manuel Charlín y dos de sus nietas, además de tres testaferros. La relación, ha dicho durante su interrogatorio, pudo establecerse gracias a intervenciones telefónicas que realizaron a los miembros de la familia Charlín y que habrían delatado la verdadera titularidad tras el funcionamiento de las empresas, recoge Europa Press. Como ejemplo, a preguntas del fiscal del caso, el agente ha confirmado que en realidad «la auténtica propietaria» de la depuradora de marisco subastada y adquirida por Natalia Somoza, hija de Teresa Charlín, siempre fue esta segunda. Y, para ocultar vínculos como ese, el clan habría recurrido a toda suerte de subterfugios; entre ellos, el agente ha señalado que la preferencia que mantenía sobre la adquisición de dicha planta el constructor Ramón Rodríguez Paz, otro de los imputados, para, supuestamente, poder cobrar una deuda previa respondería a una estrategia para que el negocio no estuviera a nombre de la propietaria real. En realidad, esa deuda habría sido saldada previamente y «posiblemente», ha dicho el interrogado, se tratase de un embuste. «Es la sensación que teníamos (...) porque Ramón nunca mostró interés por tomar el control«, ha explicado. Otro vínculo que ha establecido el investigador fue el de la familia Charlín con la propiedad de una factoría en Quingdao (China) y con otra de las empresas investigadas, Orco Galaica, para la cual también llegaron a trabajar otros de sus familiares. Según ha afirmado, fruto de las ya referidas conversaciones telefónicas interceptadas pudo deducirse que Óscar Charlín, también encausado, era el director, aunque delegó en terceros cuando tuvo que entrar en prisión. Terminadas las preguntas del fiscal, las defensas han argumentado en contra de las declaraciones del interrogado, señalando que muchas de sus aseveraciones estuvieron basadas en meras «sensaciones», informa Ep. Las cuentas bancarias suizas Ha habido el miércoles un segundo testigo que no ha llegado a comparecer –según alegó, por culpa de haber perdido un vuelo, a lo que el fiscal no ha dado credibilidad y requirió que se le vuelva a convocar, bajo riesgo de ser detenido si se niega a declarar–, por lo que una vez acabó el turno del investigador fue el momento para que hablase la funcionaria de Vigilancia Auduanera a cargo del análisis de los movimientos bancarios que realizó el clan en Suiza. La investigación policial había permitido dar allí con varias cuentas abiertas en entidades bancarias donde se ingresaron importantes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico entre los años 2000 y 2010. Según el Ministerio Público, la cuenta titulada 'Malla' contenía 1,3 millones de euros; 'Viauton', un total de 757.844 euros; y la llamada 'Blue', 239.424 euros. Según relató la funcionaria, llegó a realizar hasta dos informes sobre esas cuentas que analizaban la documentación remitida por las autoridades suizas. En su trabajo pudo constatar que todas estaban relacionadas con la familia Charlín: Josefa Charlín era la titular, mientras que Noemí Outón –su hija– y Óscar Charlín –su hermano– figuraban como apoderados. Además, añadió, nunca se realizaron las debidas comprobaciones sobre el origen de esos fondos. Tal y como ha explicado, en el perfil de cliente que envió el banco se informaba de la procedencia de ese dinero y se anotaba que Josefa declaró que provenía de un cocedero de marisco que tenía en Galicia y que contaba con 150 empleados, pero el gestor no comprobó si lo dicho por la cliente era real. «Solo recoge lo que le informan», ha resumido la funcionaria. Cabe recordar que este lunes Josefa había asegurado que ese dinero no provenía del narcotráfico, sino de la venta de una cantera de granito que tuvo lugar en los años 90, recalcando que puso de apoderada a su hija, Noemí, para que, si le pasaba algo a ella, esta última pudiera reclamar las cantidades. Finalmente, la interrogada ha confirmado que los fondos de estas cuentas aperturadas en el año 2000 provenían de otras del Citi Bank que operaban bajo el nombre de cuenta 'Gaia'. Ese depósito, a su vez, se había nutrido con fondos de dos sociedades panameñas cuyos propietarios, comprobó la funcionaria, no habían presentado, a fecha de 2007, ninguna declaración a Hacienda con las ganancias por esas cuentas en el extranjero. Noticias Relacionadas estandar Si Los Charlines piden anular los pinchazos telefónicos que les sientan dos décadas después en el banquillo Isabel Vega estandar Si El narcotráfico, cada vez más sofisticado, global y violento, colapsa los juzgados gallegos Jesús Hierro Solicitud de la Fiscalía La Fiscalía Antidroga solicita, para este caso, penas que van de los cinco a los seis años de prisión para cada uno de los acusados, y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno y, según indica Ep, «también se interesa el decomiso a favor del Estado de bienes patrimoniales», en concreto, la ya mencionada depuradora de marisco en Arousa (Pontevedra), «varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa y fondos bloqueados en Suiza, entre otros».
