Según los datos del informe estadístico sobre la "Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023", en la jurisdicción civil ingresaron 808.163 asuntos, un 15,4% más que un año antes; se resolvieron 672.905 asuntos, un 4,4% menos, y quedaron en trámite 2.086.887, un 18,1% más que al final del segundo trimestre de 2022. El 7% de los asuntos en trámite que se encuentran en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción relativos a cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.
Los asuntos registrados en la jurisdicción penal ascendieron a 827.505, cifra que supone un aumento del 1,5 % con respecto al mismo trimestre de 2022. En el mismo periodo, se resolvieron 796.974 asuntos, un 2,8% menos, y quedaron en trámite 963.620 asuntos, un 19% más.
En los juzgados de lo social, ingresaron 120.488 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 6,3% respecto al mismo periodo de 2022. Los resueltos disminuyeron un 11,4% al alcanzar la cifra de 106.533 asuntos y los pendientes al final del periodo (389.550), aumentaron un 14,5%; mientras que en los juzgados contencioso-administrativos se registraron 60.332 nuevos asuntos, lo que equivale a un aumento del 5,8%. Los asuntos resueltos fueron 53.499, un 18,4% menos que el año anterior, y los que quedaron en trámite sumaron 224.281, un 4,5 % más.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han superado la media nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunidad Valenciana (38,4), mientras que las que cuentan con una tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).
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