Con su segundo caso penal contra Donald Trump, [el fiscal especial] Jack Smith ha dado su mayor golpe hasta la fecha. Al hacerlo, el fiscal designado para gestionar las investigaciones sobre el expresidente de Estados Unidos se adentra en un territorio jurídico inexplorado.
El alcance de los cargos presentados por el equipo de Smith no podría ser más amplio, alegando un asalto total a la transición pacífica del poder, que es uno de los pilares de la democracia estadounidense.
Esto podría convertirla en la amenaza legal más grave hasta la fecha para Trump, uno de los principales aspirantes a la candidatura presidencial republicana en 2024, que ya ha sido acusado en otras dos causas penales. Pero a diferencia del otro caso que ha presentado el equipo de Smith, sobre el manejo indebido de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), no se trata necesariamente de un caso sencillo.
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Entre otras denuncias, Trump está acusado de perpetrar una conspiración para amenazar los derechos individuales, basada en una ley adoptada por primera vez en 1870 para frustrar los intentos del Ku Klux Klan de intimidar a los votantes. También se lo acusa de conspiración para defraudar a EE.UU., un cargo normalmente reservado a los delitos financieros.
"Este va a ser un caso mucho más complicado jurídicamente [para los fiscales] que el de Mar-a-Lago", dijo Joseph Moreno, exfiscal de seguridad nacional del Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés), que citó un "conjunto de hechos muy inusuales" y una "novedosa aplicación de ciertas leyes amplias".
Gran parte de la acusación se basa en el trabajo de un comité bipartidista del Congreso que escuchó horas de testimonios en directo y leyó cientos de páginas de pruebas sobre los acontecimientos ocurridos entre la elección presidencial de noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, cuando una turba de furiosos militantes de Trump irrumpió en el Capitolio.
Sin embargo, el equipo de Smith también parece haber obtenido nuevas pruebas durante la investigación del gran jurado, que duró meses y culminó con las acusaciones del martes. Entre ellas, notas contemporáneas tomadas por el entonces vicepresidente Mike Pence de una reunión celebrada el 4 de enero, durante la cual Trump supuestamente hizo afirmaciones de fraude electoral tales como "en resumidas cuentas, [nosotros] ganamos cada estado por 100.000s votos".
Poco después de que se hiciera pública la acusación, el abogado de Trump, John Lauro, siguió un guión ya familiar para los defensores del expresidente, afirmando que "el discurso político ahora ha sido criminalizado" por la administración del presidente Joe Biden.
"Me gustaría que intentaran demostrar más allá de toda duda razonable que Donald Trump creía que esas acusaciones [de fraude electoral] eran falsas", añadió Lauro.
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Para algunos expertos legales, la construcción de un caso más desafiante parecía deliberada.
"La acusación refleja una elección consciente de presentar los cargos más difíciles... [Ellos] realmente van al corazón de por qué está justificado iniciar un proceso contra el expresidente", dijo Aziz Huq, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. "Va a la cuestión de si [Trump] está comprometido con el proceso democrático o si es hostil a él".
Temidayo Aganga-Williams, exfiscal federal, dijo que los fiscales podrían haber considerado presentar aún más cargos, como conspiración sediciosa o incitación a la insurrección, lo que algunos activistas demócratas esperaban que podría haber llevado a Trump a ser constitucionalmente inhabilitado para presentarse a las elecciones.
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En lugar de ello, el equipo de Smith "ha optado por una acusación que es exhaustiva y precisa", añadió Aganga-Williams, que trabajó como asesor principal de investigación para el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el atentado del 6 de enero.
Aunque la acusación de 45 páginas contiene relatos detallados de los supuestos intentos de Trump y su equipo por anular los resultados electorales en múltiples estados, entre ellos Arizona y Georgia, sólo 11 páginas están dedicadas a los hechos ocurridos el 6 de enero.
"Creo que a lo que están tratando de llegar es que el delito del presidente Trump aquí comenzó la noche de las elecciones, y no el 6 de enero", dijo Aganga-Williams.
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"Realmente se centran en lo mucho que él trató de hacer algo que era ilegal, eso habría sido ilegal incluso si nadie hubiera entrado al Capitolio el 6 de enero", agregó. "Todos estos actos no necesitaban violencia al final para ser ilegales... y lo que ocurrió el día 6 fue realmente la culminación del fracaso de todos esos intentos de golpe político".
El equipo de Smith detalló ampliamente los hechos supuestamente ocurridos en Georgia, incluida las instrucciones de Trump al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y su asesor para "encontrar" 11.780 votos, amenazando con una persecución penal si no cumplían. Esos mismos hechos son objeto de una segunda investigación del gran jurado en el condado de Fulton (Georgia), donde se espera una decisión sobre la acusación en las próximas semanas.
La acusación también cita a seis cómplices anónimos: cuatro abogados, un funcionario del DoJ y un consultor político, lo que sugiere que aún podrían haber más personas acusadas. Sería "extraño" que Smith, "habiendo sido tan específico sobre la participación de los co-conspiradores no identificados, pero identificados de forma inferencial, los dejara en libertad", dijo Daniel Richman, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia.
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A pesar de las numerosas pruebas aportadas por la comisión y el gran jurado de la Cámara de Representantes -incluidas horas de grabación de video-, el juzgamiento de los casos relacionados con el 6 de enero no siempre ha sido fácil.
Por ejemplo, uno de los cargos contra Trump se refiere a la obstrucción de un procedimiento oficial, que ha desencadenado un tenso debate jurídico tras ser utilizado por los fiscales contra numerosas personas acusadas de atacar el Capitolio, el 6 de enero de 2021.
En abril, un tribunal federal de apelaciones respaldó el uso del cargo de obstrucción por parte del DoJ, pero los jueces han expresado opiniones divergentes sobre si se aplicó con demasiada amplitud y sobre cómo los tribunales deben interpretar una palabra crítica en la ley subyacente: si el acusado actuó "corruptamente".
Huq, sin embargo, argumentó que demostrar un estado mental corrupto, que sugiere que la mala conducta tenía como objetivo el beneficio personal, podría ser más fácil para Trump que para los que provocaron los incidentes, porque él "sí sale ganando".
Mientras tanto, los fiscales deben demostrar que Trump sabía que sus afirmaciones de que había ganado las elecciones eran falsas, algo que podría ser difícil de probar, dijo Moreno.
"No es que los fiscales tengan que demostrar que una persona razonable sabía que había perdido... tienen que demostrar que el acusado lo sabía, y Donald Trump es un tipo extraño", dijo Moreno. "Él va a decir'Pensé que había ganado, y no fue fraude'".
