Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), las recientes reformas aprobadas en El Salvador, que incluyen el enjuiciamiento de grupos de detenidos durante el régimen de excepción, muestran la 'insostenibilidad' de esta medida de seguridad.
San Salvador. Las últimas reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, entre las que destacan el procesamiento por grupos de capturados durante el régimen de excepción, reflejan según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la insostenibilidad de esta medida de seguridad.
“La reforma aprobada evidencia la insostenibilidad del régimen de excepción y las actuales políticas de seguridad del gobierno salvadoreño, ya que ha saturado las instituciones del sistema de justicia penal que, debido al volumen de trabajo, no dan respuesta efectiva en la resolución de casos”, indicó la Oficina.
WOLA, un centro de estudios que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, sostiene que estas medidas ponen en duda la capacidad del Estado salvadoreño, gobernado por Nayib Bukele, “de cumplir con su obligación de debida diligencia que incluye, prevenir, investigar y sancionar la comisión de delitos”.
De acuerdo con las disposiciones transitorias, aprobadas junto a las reformas la semana pasada por parte de la Asamblea Legislativa, los supuestos pandilleros detenidos bajo el régimen serán procesados por grupos, ya sea como “clicas” o “canchas”, y no de forma individual.
Además, WOLA señaló que la realización de “juicios masivos” podría implicar que la Fiscalía General no realice la investigación adecuada y que esto atente contra el debido proceso y el derecho de defensa de los casi 72.000 capturados.
“Al no haber controles debidos, estas medidas pueden alcanzar a personas que no sean parte de las estructuras de las maras o pandillas”, manifestó. Otro de los señalamientos que hace la organización es con respecto a la confesión que haga un imputado y que esta sea utilizada en la participación de otras personas en un delito.
“En un contexto de faltas de garantías judiciales y violaciones a derechos humanos, esta disposición podría conllevar a la comisión de tortura, uso excesivo de la fuerza pública e inclusive muertes bajo custodia del Estado”, denunció.
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WOLA recomendó a la Sala de lo Constitucional que analice las reformas aprobadas y verifique el cumplimiento de los principios de legalidad y garantías judiciales basados en la Constitución.
También instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que vele por el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos en El Salvador.
Por último, WOLA exigió al actual gobierno de los Estados Unidos y comunidad internacional que “denuncien las graves violaciones de derechos humanos que se comenten en El Salvador ya que han tenido un impacto generalizado sobre la población”.
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