Antes de empezar el proceso electoral legal hay actos de precampaña no contemplados en la ley por lo que técnicamente no es ilegal, alegal sería más preciso.
La dinámica electoral empezó con el 2023 a través de la organización de la sociedad civil determinada a acabar con la preponderancia morenista en los poderes ejecutivo y legislativo del país. Se gestó con las marchas y manifestaciones ciudadanas, pero hasta este año empezó a hablarse de candidaturas en los foros públicos y privados.
Esto fue el detonante para que estrategias partidistas se adelantaran. MORENA anticipando más de seis meses, de acuerdo con la ley, un proceso de selección interna. Claudia, Adán, Marcelo y Ricardo se apuraron para levantar la mano. La respuesta de la sociedad civil y los partidos de oposición fue el Frente Amplio por México (FAM), un modelo inédito de selección de la ciudadanía -militante y no militante- decidirá quién puede hacerles competencia.
Tocada por la diosa fortuna, Xóchitl se propone como la coordinadora del FAM para eventualmente convertirse en la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD. Entre 13 opciones para liderar esta movilización social, prácticamente la ola rosa ya tomó una decisión.
Movimiento Ciudadano no participaba, pero no dejó de estar presente para ser el partido que decante la balanza. Se hizo evidente la negociación con la 4T cuando el presidente destapó a dos políticos neoloneses con potencial para la presidencia, Samuel y Luis Donaldo.
Como en el póquer abierto, hay tres cartas a la vista, una cerrada y otra por venir. Nadie tiene ganada la partida, pero tampoco van perdiendo. Blofean y lanzan mensajes públicos persiguiendo la aceptación social.
La segregación racial entre los dos principales contendientes es evidente. Un reto es romperla, el FAM con una candidatura que manifiesta sus orígenes humildes, indígenas y mestizos y MORENA, subiendo al debate a un partido con tradición más cercana a la sociedad civil.
El otro reto es el abstencionismo que ha venido ganando por décadas las elecciones. Esa población desinteresada o desesperanzada con el desempeño de las élites políticas-partidistas. Una razón de peso para no participar en las elecciones locales de 2023 fue el rechazo directo al PRI por más coalición que hiciera, ni el apoyo de la sociedad civil organizada pudo contra eso.
Es así que antes de empezar el proceso electoral legal hay actos de evidentes de precampaña que se cuidan de no pedir el voto, ni de llamarse candidaturas. Esto no está contemplado en la ley por lo que técnicamente no es ilegal, tal vez alegal sería más preciso.
Las autoridades electorales se enfrentan a la vigilancia y sanción de eventos netamente electorales, sin las herramientas temporales de la ley porque no ha empezado el proceso electoral formalmente.
Desde donde se vea se ha incrementado el debate político de la sociedad, se está involucrando más gente sin partido y esto es bueno en tanto participación ciudadana y madurez cívica. También tiene muchos riesgos, en tanto estamos viviendo campañas sin el orden jurídico, es un fuerte oleaje de ciudadanía e intereses que no tiene diques.
No está fácil. Resistirlas, es imposible, hay que innovar estrategias para que el proceso del 2024 sea tan eficiente como los anteriores y tengamos saldo blanco para el bien de México.
