Ana (nombre ficticio) sigue acudiendo al psicólogo por lo que ella y su pareja vivieron a finales de 2014. No solo confía en recuperarse de las secuelas, también espera que una sentencia "consiga que nadie vuelva a pasar por esto". La mujer tuvo que trasladarse por sus propios medios a Madrid desde Murcia para abortar embarazada de seis meses y medio, de manera que, según explica, la sanidad pública "dilató" el aborto porque "me negó información sobre la grave anomalía que sufría el feto".
El pasado mes de marzo Ana interpuso una denuncia contra el Servicio Murciano de Salud representada por la organización Women's Link, que hace hincapié en que "la actuación de las autoridades sanitarias [del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena] no garantizaron los derechos fundamentales de la demandante". La mujer sufrió "una serie de negligencias" que, siempre según su relato, "impidieron que pudiera abortar de una forma digna".
Fuentes del hospital no entran a valorar lo narrado por la mujer y se limitan a mostrar "su respeto por la paciente en este momento delicado" y se ponen a disposición de la justicia y la Administración "para lo que se pueda necesitar". Por su parte, la Consejería de Salud no ha respondido a las preguntas de este diario.
Según Ana, el periplo comenzó en octubre de 2014 cuando acudió al hospital a hacerse la revisión de su embarazo de las 20 semanas. "Estábamos muy ilusionados y todo parecía ir bien, pero el médico empezó a hacer determinados gestos que me hicieron pensar que algo iba mal. Le pregunté e hizo referencia a que el feto podía tener una anomalía, pero sin querer proporcionarme más detalles me citó para una consulta un mes después", explica.
La ansiedad y la preocupación empezaron a ocupar la mayor parte de las horas del día de Ana, que se enrocaba pensando en lo que podría tener su futura hija y en las largas cuatro semanas que tenía por delante. "No nos podíamos creer que nadie nos explicara nada" por lo que "antes esta situación desesperante" ella y su pareja decidieron acudir a una clínica privada donde "nos confirmaron que el feto padecía agenesia del cuerpo calloso, pero no nos dijeron en qué grado y nos recomendaron ir al hospital".
Esta anomalía se caracteriza por la ausencia total o parcial del cuerpo calloso, que es la estructura que conecta ambos hemisferios del cerebro. Se encuadra dentro de las llamadas "enfermedades raras" y puede provocar dificultad en el desarrollo cognitivo más o menos graves dependiendo de si es total o parcial. En ese momento, Ana no estaba pensando en abortar porque "lo primero que queríamos era saber en qué grado se daba, pero cuando volvimos al hospital, el ginecólogo nos volvió a remitir a la cita de un mes después y ya nos habló de que nosotros no podíamos decidir nada, que era un comité ético el que tendría que autorizarlo".
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo permite el aborto sin limite temporal cuando se detecten "anomalías fetales incompatibles con la vida" o se detecte en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico". La interrupción solo puede ser realizada después de haber sido autorizado por un comité clínico formado por especialistas.
Desde la revisión de las 20 semanas en la que el médico supuestamente insinuó que el feto padecía una anomalía habían pasado 24 días y los futuros padres comenzaron a buscar información por internet y pidieron cita en una clínica privada de Madrid, que pagarían de su bolsillo para lograr determinar el grado de afectación. El 13 de noviembre acudieron al Hospital Ruber Internacional de la capital y, tras las pruebas realizadas, vuelven a Murcia con el diagnóstico de que la anomalía afectaba a todo el cerebro.
"Regresamos destrozados porque era nuestra máxima ilusión. Es muy duro encontrarse con que, de repente, algo así se trunca y te hace sentir sola y abandonada", explica Ana, que incide en que el trayecto de vuelta desde Madrid culminó en el hospital porque "queríamos ir directamente a que nos atendieran con los resultados en la mano, pero de nuevo nos volvieron a remitir a la cita".
Por fin, el 20 de noviembre, el día señalado para la revisión, le atendió un ginecólogo del Hospital General Santa Lucía de Cartagena, que "me dijo que lo único que yo quería era abortar. Le contesté que lo único que yo quería, como era mi derecho, era saber qué le ocurría al feto. No hay palabras para describir la rabia y la sensación de angustia y soledad que te invade en un momento así", prosigue Ana, que asegura que el neurólogo de Pediatría del hospital le confirmó los resultados de la clínica madrileña.
En ese momento decidieron interrumpir el embarazo porque "muchos de los niños que nacen con esta anomalía se mueren, otros no, pero sufren mucho. ¿Qué vida le esperaría?", se plantea la mujer, que tiene ya un hijo de siete años. "El tiempo de espera hasta que el comité decide si lo autoriza se hace extremadamente largo y es un periodo de incertidumbre brutal", explica. Finalmente, le comunicaron que se había autorizado y le dieron el teléfono de una clínica privada de Madrid.
Aunque la ley establece que los abortos por razones médicas –cuando hay incompatibilidades con la vida o enfermedades extremadamente graves o incurables del feto– deben realizarse "preferentemente" en centros cualificados de la red sanitaria pública, no siempre se cumple.
Hay comunidades autónomas en las que el número de abortos en centros públicos es ínfimo. Entre ellas, Murcia, donde en 2015 se práctico un solo aborto en la red pública y 3.456 en centros privados, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. También a Paula (nombre ficticio) le ocurrió lo mismo. La sanidad gallega fue condenada por su caso por arriesgar su vida al derivarla a Madrid a abortar.
Ana fue también obligada a recorrer 400 kilómetros en su propio vehículo y haciendo frente a los gastos para interrumpir su embarazo en una clínica privada de la capital. "Me dijeron que en Murcia no se hacían ese tipo de abortos, pero claro, toda tu red afectiva está en tu lugar de residencia, tu familia, tus amigos...Y desplazarte en un viaje largo embarazada de tantos meses para algo así es duro", apunta la mujer.
El 1 de diciembre de 2014 Ana se sometió a la interrupción voluntaria de su embarazo, pero recuerda uno de los últimos tragos que tuvo que aguantar. Nada más llegar a la clínica, un grupo de antiabortistas comenzaron a increparla. Varias clínicas de toda España ya se han quejado en varias ocasiones de la inacción de las administraciones públicas ante estos grupos que, según denuncian, "coaccionan" y "acosan" a las mujeres que entran.
Ana asegura que las consecuencias continúan y que el laberinto que se vio obligada a atravesar hace casi tres años ha provocado que incluso tenga que medicarse "para paliar la depresión, los ataques de ansiedad y los nervios". Según Women's Link, su defensa, "se dilató innecesariamente en el tiempo la práctica legal de la interrupción a tal punto que tuvo que someterse a un parto mucho más invasivo y costoso emocionalmente".
Además, tal y como incluye en la denuncia, Ana ha visto vulnerado "su derecho a la información, obligándola a acudir en busca de respuestas a centros médicos privados" prolongando "su incertidumbre e incapacidad para tomar una decisión informada sobre el futuro de su embarazo". Todavía no hay fecha de juicio, pero la mujer espera que la sentencia sirva para "hacer justicia" y garantizar que este tipo de situaciones "no se repitan".
