Faltan unos días para que millones de ciudadanos acudan a las urnas para elegir a quienes gobernarán el Estado de México y Coahuila los próximos seis años.
Estas elecciones son importantes no solo porque se juega el futuro de más de 20 millones de personas, sino porque existe la posibilidad de que —por primera vez en la historia moderna de México— el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierda ambas entidades.
Es por ello que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha vigilado con lupa ambos procesos electorales, para evitar que los partidos políticos, candidatos y ciudadanos incurran en delitos electorales.
Son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de las elecciones y atentan contra el voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
¿Quiénes pueden cometer delitos electorales? Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso.
Los delitos electorales están contemplados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.
En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) es la autoridad encargada de investigar, prevenir y perseguir los delitos electorales para proteger el adecuado desarrollo de la función electoral.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla diversas sanciones para este tipo de delitos, entre las que destacan:
| 50 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años por: |
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| Votar más de una vez en una misma elección |
| Hacer proselitismo o presionar a los electores en el interior de las casillas electorales |
| Obstaculizar el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo |
| Inntroducir o sustraer una o más boletas electorales o bien, introducir boletas falsas |
| Solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación |
| Solicitar evidencia del sentido del voto de un ciudadano |
| Amenazar con suspender los beneficios de programas sociales |
| 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años a funcionarios partidistas o candidatos. |
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| Ejercer presión o inducir a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, el día de la elección o tres días antes de las elecciones. |
| Realizar o distribuir propaganda electoral durante la jornada electoral. |
| Sustraer, destruir, alterar o hacer uso indebido de documentos o materiales electorales. |
| 50 a 200 días de multa y prisión de 2 a 6 años a funcionarios electorales por: |
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| Alterar en cualquier forma, sustituir, destruir, comercializar o hacer un uso ilícito de documentos del Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Lista de Electores. |
| Alterar los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos o materiales electorales. |
| Impedir la entrega oportuna de documentos o materiales electorales. |
| Inducir o ejercer presión, en ejercicio de sus funciones, sobre los electores para votar o abstenerse de votar por un partid político, coalición o candidato. |
