No se esperaba alcanzar ningún acuerdo en esta primera toma de contacto, pero fuentes de las asociaciones se muestran "moderadamente optimistas" al haber constatado que por parte del departamento que dirige Pilar Llop "una voluntad política" de negociar una mejora de sus condiciones salariales. De hecho, el ministerio ya ha puesto sobre la mesa 44 millones y medio de euros para actualizar sus retribuciones.
Las asociaciones ya tienen, por tanto, una propuesta del ministerio para actualizar sus retribuciones y se han emplazado a hablar de nuevo el lunes para decidir si la aceptan o presentan una contraoferta. Según las fuentes consultadas, Justicia habría puesto sobre la mesa una mejora que no cubre el 20% de pérdida de poder adquisitivo que acumulan jueces y fiscales desde 2003 y que tampoco estaría por encima del aumento retributivo que arrancaron al ministerio los letrados judiciales tras dos meses de huelga.
"Ahora nos toca a nosotros hacer números", aseguran fuentes de las asociaciones, que admiten que "hay cosas que se pueden mejorar". "El 20% es un dato objetivo que está ahí, pero hay muchas formas de abordar esa pérdida de poder adquisitivo". Entre otras cosas, aseguran esas mismas fuentes, tienen que precisar a cuántos jueces y fiscales afectan las mejoras salariales propuestas por Justicia. "El lunes nos reunimos de nuevo para encontrar puntos de encuentro", señalan respecto a las perspectivas de un acuerdo que impida la huelga.
Tres de las cuatro agrupaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- y dos de las tres de fiscales -Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- respaldan los paros, de los que por el momento se mantienen al margen tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que apoyan las reivindicaciones pero optaron por dar un margen a la negociación antes de acometer medidas de presión.
Los jueces reclaman la recuperación del 20 por ciento de poder adquisitivo que, aseguran, han perdido desde que en 2003 se aprobó la ley de retribuciones de jueces y fiscales, que preveía la convocatoria cada cinco años de la Mesa de Retribuciones para actualizar sus salarios, unas reuniones que han brillado por su ausencia hasta la fecha. El montante que perciben por las guardias, la regulación del complemento de carrera profesional y la actualización de los baremos de las guardias y de los grupos de población (que modulan sus ingresos en función de la carga de trabajo según el número de habitantes) son otras de las reivindicaciones que han llevado los togados hasta el ministerio que dirige Pilar Llop.
La reunión, que después de tres horas continuó por la tarde tras un receso, sentó en la mesa no solo al secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez, sino también a la secretaria de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda, Lidia Sánchez Milán, lo que fue valorado una "muy buena señal" por fuentes de la negociación, que también calificaron como "muy positiva" la presencia de Pilar Llop saludando a todos los asistentes antes de la reunión. De hecho, los representes de las asociaciones judiciales y fiscales se mostraban moderadamente optimistas sobre el resultado del encuentro.
Si antes del día 16 no se llega a un acuerdo, los paros de jueces y fiscales se unirán a la huelga de los funcionarios de Justicia, que hoy comenzarán con los siete jornadas de huelga de 24 horas -con concentración incluida frente al ministerio- que han convocado este mes de mayo, también motivadas por reclamaciones de subidas salariales, tras los paros parciales que protagonizaron el pasado abril.
Los secretarios judiciales abrieron el pasado año las protestas retributivas con una huelga de dos meses -que obligó a suspender 400.000 juicios y vistas y se saldó con la paralización de casi medio millón de demandas- que el departamento de Llop cerró accediendo a una subida salarial de 430 euros brutos al mes de media para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Pero cerrado ese frente, los siguientes en reclamar una mejora de sus emolumentos fueron los funcionarios y, ahora, jueces y fiscales.
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