Proyecto de Gobierno eliminaría bono de vivienda, advierte contralora Marta Acosta
La contralora general de la República, Marta Acosta, fue categórica al señalar que el proyecto impulsado por el Gobierno para fusionar las tres entidades del sector vivienda provocaría la eliminación de programas sociales como el bono familiar de la vivienda y el programa de vivienda para jóvenes (Profivijo).
Acosta advirtió este jueves, ante la comisión legislativa de Modernización y Reforma del Estado, de que la suspensión de dichos programas ocurriría como resultado de la derogatoria de la Ley N°. 7052, la cual viene incluida en la iniciativa propuesta por la administración Chaves.
Dicha legislación es, precisamente, la que da vida al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), que es la unidad ejecutora del Bono Familiar de Vivienda, y el Fondo de Nacional para la Vivienda, dependencia del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) que administra los recursos para financiar esos programas.
“Al derogar íntegramente la Ley 7052 se eliminan mecanismos para la obtención de vivienda rural o urbana y se pone en riesgo la continuidad de los programas vigentes, para poner solo un ejemplo de la ausencia del enfoque a la ciudadanía”, advirtió la funcionaria.
La derogatoria de esa norma también eliminaría el marco legal de las mutuales de ahorro y crédito y la garantía del Estado en las operaciones de las entidades aurotizadas para colocar los bonos, al tiempo que derogaría el sistema de ahorro y préstamo del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU).
De acuerdo con el proyecto, ese sistema de ahorro y préstamo pasaría a ser administrado por el nuevo ministerio. Por esta y otras carencias, Acosta recomendó desechar el actual plan y empezar de cero con un nuevo proyecto, pues, consideró de importancia fortalecer la rectoría del sector vivienda.
El proyecto del Gobierno plantea fusionar el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) en nuevo ministerio que se llamaría Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).
El Poder Ejecutivo sostiene que fundir estas instituciones no solo ahorraría alrededor de ¢8.000 millones anuales al Estado al eliminar duplicidad de funciones, sino que también permitiría una gestión más eficiente de los recursos para vivienda de interés social para colocarlos en las comunidades.
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