La representante sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Elena Rodríguez, demandó a los miembros del Consejo de Gobierno y la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, por la decisión de suspenderla de su cargo, tomada en diciembre pasado.
La gestión se presentó este miércoles ante los tribunales contencioso administrativos, a los que además, planteó una solicitud de medida cautelar para que se le reintegre en su cargo como representante de los trabajadores, representación que fue ratificada el 21 de enero en una asamblea del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco).
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Precisamente, Rodríguez argumenta que la Caja incumple las normas al no reconocer que el movimiento sindical la ratificó como su vocera en la Junta, por lo tanto, es ella la que tiene la representación legítima en ese foro.
Sobre la gestión presentada, explicó que se trata de una demanda ordinaria en el Tribunal Contencioso contra la jerarca de la entidad, los miembros del Consejo de Gobierno, que son todos los ministros, y además contra José Luis Castro, la persona que fue nombrada por el Gobierno como representante sindical.
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“El Consejo de Gobierno no tiene competencias ni para disciplinar ni para suspender a los miembros de la Junta Directiva, en eso hay claridad en la ley constitutiva de la Caja y la demanda tiene ese objetivo”, agregó.
Rodríguez manifestó, además, que en la demanda se pretende el pago del daño moral, objetivo y subjetivo. Según ella, lo obtenido será destinado a la defensa de la Caja y sus trabajadores, por lo que se trasladaría a la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca).
La dirigente sindical fue suspendida junto con otros cuatro miembros del máximo órgano de la Caja por aprobar, en setiembre anterior, el aumento salarial retroactivo para los 63.000 empleados de la institución. De acuerdo con el argumento del Consejo de Gobierno, existió un conflicto de intereses porque esos cinco directores tienen familiares que laboran en la institución y se vieron beneficiados con el alza.
Sin embargo, un criterio legal emitido por la Auditoría Interna de la Caja señaló que no existió conflicto de interés para ninguno de los directivos suspendidos, pues el incremento salarial fue un “acto administrativo de alcance general” y no específicamente para favorecer a los parientes.
Contra la suspensión, miembros se sindicatos también presentaron un recurso de amparo que fue acogido para estudio por la Sala Constitucional, en enero.
