Si usted que nos lee fuera docente interino y le ofrecieran una plaza para el curso a 300 kilómetros de su lugar de residencia, no pasaría por su cabeza una alternativa que no fuera aceptarla e impartir clases en ese municipio, seguramente de la Galicia interior, alejada de las grandes áreas metropolitanas. Porque esos alumnos también tienen derecho a una educación de calidad. Y no por estar lejos de su casa usted percibiría más retribución, ni se quedaría con esa plaza en propiedad sin pasar por un proceso de oposiciones. Pero todo este razonamiento salta por los aires con la sanidad pública. Las vacantes en algunos centros de salud o PAC responden a que ningún médico quiere solicitarlas, y para hacerlas atractivas no solo tienen complementos salariales por ser lugares «de difícil cobertura», sino que aquel que las ocupe tiene probablemente garantizado entrar en el sistema público por concurso de méritos y no por unas oposiciones. El evidente desequilibrio en las políticas de personal de un servicio público y otro se explica principalmente por la oferta: sobran docentes en listas de interinos, pero los médicos escasean como el agua en el desierto. Se aplica aquí la ley del mercado: si la demanda se dispara y la oferta es rácana, los precios suben. Y bien lo sabe el Sergas, que tiene que rascarse el bolsillo ofreciendo 65.000 euros anuales a MIR recién titulados para que acepten –casi entre súplicas– ocupar las vacantes del sistema. Aparcando el debate sobre si es moral o no privilegiar de esta manera a empleados públicos –como si la salud fuera exponencialmente más importante que la educación–, todo responde a la lógica política de intentar solucionar un problema sobrevenido. Parece claro que la sanidad gallega –junto con otras de distintas autonomías– ha pecado de errores de planificación. Vemos cómo van a jubilarse a corto plazo más médicos de los que se incorporan al sistema, lo que anticipa problemas si no se actúa con prontitud. Hay un escenario de culpas compartidas. Las tienen unas autonomías que hace años debieron vislumbrar lo que se avecina, y la tiene un Gobierno que vía Ministerio no se pliega a lo que le demandan las administraciones competentes en sanidad. Recordemos: el Ministerio es ese ente que cuando quiso salir a comprar mascarillas en la pandemia no sabía a qué teléfono llamar. Por tanto, debería haber una mayor sensibilidad con la petición de las Comunidades, salvo que encaje mejor con el relato electoral asfixiarlas provocando el colapso de los sistemas sanitarios. A ver si el tercer ministro de Sanidad de Sánchez sabe algo de medicina, y no es filósofo o abogado. La manifestación del domingo en Santiago fue un relativo éxito para sus convocantes. Era difícil que no lo fuera, toda vez que PSOE y BNG se emplearon a fondo para llenar autobuses y carretar al personal hasta el Obradoiro. Criticar a los organizadores de la protesta no es negar la difícil situación que vive la sanidad, sino señalar una intencionalidad de desgaste con poco de constructiva. Baste mirar algunas reflexiones hechas a posteriori por los impulsores de la manifestación. Si la Xunta reacciona ofertando 400 plazas para cubrir las vacantes más complejas, es que se trata «de una medida desesperada». Si se procura animar a los MIR a que entren en la Primaria con facilidades para quedarse la plaza en propiedad, es que «es una cacicada». ¿Pero no decíamos que los jóvenes se iban porque la sanidad gallega no era atractiva? Luego está lo de la «presión desbordante» a la que hacen frente los facultativos de Primaria. Es una realidad que no se puede negar. Pero forma parte de una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay médicos, los enfermos deben ser tratados por aquellos que estén en activo, por lo que las agendas se saturan. Los colegios profesionales y los sindicatos abrazaron un complemento salarial para compensar ese esfuerzo. ¿Eso también es criticable? El problema es circular. No hay médicos porque no hay condiciones «dignas ni justas», pero cuando se intentan articular con mejoras salariales y laborales tampoco son aceptables. ¿En qué quedamos? Y por último, darle una pensada a si quizás la población hace un uso indebido de la sanidad, fruto de la «falta de información y educación sanitaria», y que los mayores no precisan de ir a urgencias para curarse la gripe. No lo digo yo, lo decía un portavoz de Sos Sanidade Pública. Pero era enero de 2009, claro. Qué cosas.
