No interesa a la mayoría de los mexicanos alinearnos con Cuba, Venezuela, Bolivia o Argentina. No aportan un solo beneficio a la población de México, dice Leonardo Kourchenko.
¡Premiar a un dictador! Otorgarle la máxima condecoración mexicana a un extranjero, por méritos desconocidos.
El último sábado el presidente López Obrador impuso a su homólogo cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel, la insignia del Águila Azteca en la ciudad de Campeche.
La razón manifiesta para otorgar esta distinción radica –dijeron– en “la destacada contribución del excelentísimo señor Díaz-Canel en la promoción de los lazos económicos, comerciales y culturales…” entre México y Cuba.
Díaz-Canel no es un estadista. No es tampoco un defensor de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia.
Díaz-Canel es el heredero de un régimen autoritario que ha perseguido por décadas a disidentes cubanos por pensar y expresar opiniones críticas a su gobierno. Miles de esos disidentes están encarcelados, y muchos más han desaparecido tras las rejas.
Cuba, con todo y la nostalgia revolucionaria de los 60 y 70, del poderoso Fidel Castro arengando a los jóvenes de las Americas, o enfrentando de forma incansable al imperio estadounidense y su absurdo –60 años después– bloqueo comercial, no es una democracia.
El gobierno de Cuba no permite la libertad política, la pluralidad partidista, la diversidad de género y, hasta hace muy poco tiempo, incluso la religiosa.
Cuba encarna al régimen dictatorial y autoritario más antiguo del continente.
Y ese régimen, en la persona de su presidente, es a quien México, en la persona del nuestro, decidió condecorar.
Es mucho más delicado que la afinidad ideológica, por demás obtusa y trasnochada.
Y lo es porque México sostiene acuerdos comerciales, diplomáticos y culturales con muchas otras naciones del mundo que sí son democracias plenas. Países que no comulgan con la caricia a los dictadores, con la fanfarronería de países “progresistas”.
El lamentable Marcelo Ebrard, con sus aspiraciones presidenciales, en aras de complacer a su jefe y apuntarse otra estrellita, se le ocurre ahora la peregrina idea de convocar a una cumbre de países progresistas.
“Es un momento clave para la unidad de países que piensan similar, como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Honduras… todos esos países que tienen una ideología pro”, dijo el canciller.
¿Qué tiene de progresista Argentina?, que ostenta a una vicepresidenta, expresidenta, acusada por un juez de corrupción.
¿Qué tiene de progresista Venezuela?, que es gobernado por una cúpula militar a expensas del pueblo venezolano, que se ha visto forzado a huir por decenas de miles a otros países en los últimos 15 años, exactamente igual que Cuba desde la dictadura castrista.
Es vergonzoso que nuestra política exterior, definida por décadas por su neutralidad ante su compleja vecindad al gigante, pero al mismo tiempo con una marcada vocación latinoamericana, se vea ahora enlodada por las preferencias ideológicas de López Obrador y Ebrard.
No veo al presidente Petro, de Colombia, o a Boric, de Chile –quien, por cierto, criticó el régimen de persecución política prevaleciente en Cuba– interesados en participar en una cumbre de esa naturaleza. Mucho menos a Lula, que necesita unificar a un electorado dividido y fragmentado.
No interesa a la mayoría de los mexicanos alinearnos con Cuba, Venezuela, Bolivia o Argentina. No aportan un solo beneficio a la población de México.
Interesa capitalizar la gigantesca oportunidad del nearshoring o la relocalización de inversiones y capitales; interesa fortalecer la integración económica con América del Norte porque aporta inversión, empleo, beneficios múltiples, y tal vez, en esa dimensión, servir como puente hacia Latinoamerica, como fue por años.
Otorgar el Águila Azteca al líder de un gobierno que persigue disidentes, que tiene –según cifras oficiales– a más de 22 mil presos políticos o de conciencia, significa avalar a los autoritarios. ¿Será que buscan parecerse y ése es el destino de la mal llamada 4T?
La semana pasada, el sátrapa dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a 225 presos políticos de su país y los envió a Estados Unidos. Bajo la premisa de la “dignidad no se negocia”, los acusó de traición a la patria, les arrebató ilegalmente la nacionalidad y los expulsó del país, convirtiéndolos de facto en apátridas.
México, vergonzosamente, no pronunció una sola palabra. No cobijó, ofreció asilo, ni señaló el atropello humanitario y político cometido por Ortega. Nada, complicidad silente.
¡Qué tiempos aquellos del general Cárdenas!, cuando se ofrecía asilo a los perseguidos por un régimen autoritario y dictatorial, o de Echeverría, con el sangriente Chile de Pinochet.
Aquí, al contrario, prefieren jugar a las ideologías compartidas, con una serie de países fracasados por políticos ruines que han pisoteado derechos, leyes y garantías, pero, sobre todo, la libertad.
