Un juez español ordenó este lunes prisión provisional incondicional por delitos de terrorismo para el joven marroquí Yassine Kanjaa, acusado de asesinar a […]
Un juez español ordenó este lunes prisión provisional incondicional por delitos de terrorismo para el joven marroquí Yassine Kanjaa, acusado de asesinar a un sacristán y herir a varias personas más, entre ellas un sacerdote, en dos iglesias de la localidad de Algeciras (sur).
El “ataque yihadista” fue cometido el miércoles pasado con un machete de grandes dimensiones al grito de “muerte a los cristianos” y “Alá es grande”.
El magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, que sigue así el criterio de la Fiscalía, investiga a Kanjaa por delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas, que podrían acarrear una condena de prisión permanente revisable.
El juez considera que se trata de un joven “plenamente radicalizado” tras un “rápido” adoctrinamiento ideológico, que culminó con acciones violentas, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional.
Los indicios recopilados sustentan que la actividad desarrollada por Kanjaa se puede calificar como “un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe católica como contra musulmanes que, para el investigado, no siguen los preceptos del Corán”. Otro de los heridos es un ciudadano marroquí.
Entre otras conclusiones provisionales, según el juez, el detenido presenta “un perfil de terrorista autoadoctrinado que actúa de modo individual no vinculado directamente con una organización terrorista”.
Pero “lleva a cabo su acción -precisa- en nombre del fenómeno yihadista, al que tantos se adhieren de forma remota, generando un ataque violento que causa terror en la sociedad y desestabiliza la paz social”.
Por el momento todo parece indicar que Kanjaa, que hoy declaró ante el magistrado, habría actuado solo y sin ayuda de terceros, como él mismo reconoció en su declaración.
El ataque no fue reivindicado por el Estado Islámico (EI), que, sin embargo, sí se hizo eco en medios afines.
El detenido, de 25 años, estaba pendiente de expulsión de España tras entrar irregularmente en el país en 2019.
Hasta el momento del ataque no había aparecido como peligroso en la información de la inteligencia policial ni se había visto inmerso en ningún tipo de altercado o incidente, si bien ello no impide, según el juez, que no se aprecie en él un proceso de radicalización religiosa.
EFE
