No deja de parecer irónica tanta preocupación por la demonización de los empresarios en España, el país donde la demonización del otro se ha convertido en un arte y hasta la sabia y ciega —en el buen sentido— Justicia considera —al menos en el caso de Pablo Iglesias— que se puede decir que un político ha sido financiado por el narcotráfico o su padre ha sido un terrorista sin que sea cierto o se tengan pruebas, porque quien lo dijo se lo creía y porque, en el "clima convulso" de la actual política española, las "descalificaciones efectuadas se anulan u olvidan por las siguientes, sin que deje secuela alguna en el honor de los intervinientes en ese debate" y "se fomentan" para captar votos.
O sea, usted puede proclamar en público que Pablo Iglesias recibía dinero del narcotráfico y del terrorismo sin pruebas, sin que sea verdad y porque a usted se lo parece y además no mancilla su honor; es libertad de expresión. Ahora, usted no puede afirmar que el dueño de Mercadona, Juan Roig, o los dueños de Carrefour, son unos especuladores que se están aprovechando de su posición de dominio en el mercado (casi el 40%) y la guerra de Ucrania para inflar sus precios; eso sería demonizarles.
Que un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acredite que, efectivamente, has subido sus precios por encima de la inflación (11,4% y 12,1% respectivamente) no le da derecho a llamarles especuladores o avariciosos. Tampoco que un informe de Banco de España sostenga que "los beneficios superan ya a los de antes de la Pandemia" dado que "la facturación de las empresas creció a una tasa muy alta reflejo tanto de la recuperación de la actividad como del aumento de los precios de venta".
Resultaría tan injusto y demonizador como llamar avariciosos y despiadados a los dueños de Amazon (cerca de 30.000 millones de dólares de beneficio en 2022), Google (13.910 millones de dólares de beneficio en 2022) o Meta (4.359 millones de dólares de beneficio en 2022) por despedir a 200.000 trabajadores en lo que va de año porque sus beneficios se han visto reducidos en apenas una cuarta parte.
Se antoja conmovedora esta preocupación de las gentes de bien y de orden por la reputación de los empresarios, incluso cuando la realidad suministra argumentos para plantearse un par de cuestiones sobre su contribución real al bienestar común. Lástima que no se haya sido tradicionalmente tan cuidadoso con la reputación de otros colectivos.
Con la reputación de los funcionarios y trabajadores públicos no fueron tan cuidadosos quienes ahora lloran por la demonización empresarial. No hubo reparo en pintarlos como una panda de vagos, liberados y codiciosos chupatintas; hasta que llegó la Pandemia, que volvieron a ser generosos servidores del interés general; aunque sólo duró un rato, hasta que empezaron a pedir más salario y menos aplausos.
Tampoco se ha sido nada cuidadoso con la demonización de los pensionistas; especialmente si cobran una pensión que supere los mil euros. Tampoco hay problemas en llamarles insolidarios, privilegiados o egoístas o racionarles el paracetamol por querer cobrar su pensión integra después de ser culpables de trabajar más de treinta años como cabrones y haber cotizado en los niveles más altos.
Sindicalistas, feministas, profesores…. La lista de demonizados con el amplio surtido de calificativos que ofrece la lengua de Cervantes resulta interminable en España. Lástima que la piedad empresarial no constituya una costumbre asimismo española e igualmente extendida.
