además del revisionismo ideológico y del sectarismo histórico inherentes a la Ley de Memoria Democrática recién aprobada por el Gobierno, el texto escondía una 'sorpresa' de profundo calado político: la vía de escape, a través de una disposición adicional, para promover una nacionalización masiva de, como mínimo, cientos de miles de personas descendientes de españoles en el extranjero. Y ello, independientemente de que puedan acreditar o no la condición de exiliados del franquismo de sus padres o abuelos. De este modo, la Ley de Memoria Democrática abre una inmensa autopista para poder ampliar –será solo cuestión de tiempo– el censo electoral en nuestro país. Nacionalizar a personas tiene unos trámites lentos que a menudo se prolongan durante años, pero la pretensión del Gobierno es agilizar los plazos lo máximo posible, en coincidencia con el hecho de que solo falta un año para las elecciones generales. Ya a partir de 2007, cuando el Gobierno aprobó la Ley de Memoria Histórica, antecedente de la actual del Ejecutivo de Pedro Sánchez, se nacionalizó a más de 150.000 personas. Lo diferente, y eso es lo que revela las prisas del Ejecutivo, es que en aquella ocasión los procesos se iniciaron en 2008, dejando un año de por medio para localizar y contrastar documentación, poder adaptar los medios personales y técnicos necesarios en los consulados, y establecer todas las garantías en el Registro Civil. La diferencia sustancial ahora es que el Gobierno de Sánchez abre el abanico mucho más. En concreto, hacia una nacionalización global y no selectiva. No deberá estar siquiera vinculada a la salida de españoles durante la dictadura por motivos de persecución o motivación política. Con el tiempo, la medida puede llegar a alterar seriamente el voto exterior. Además llama mucho la atención el mecanismo empleado por el Gobierno porque no deja de ser una anomalía jurídica. Cinco días después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Justicia publicó en el Boletín Oficial del Estado una instrucción por la que el Gobierno no solo se corregía a sí mismo, sino que enmendaba la plana al propio Parlamento colando por la puerta de atrás una norma reinterpretativa de su propio texto legal. Es decir, desautorizándose a sí mismo. Y todo, con curiosas expresiones con las que el Gobierno, y no el Parlamento o los jueces, explica cómo debe interpretarse correctamente la Ley de Memoria, es decir, en función de sus intereses políticos. En concreto, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia afirma que «la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley» son otros, de modo que la nacionalización no debe beneficiar solo a los parientes de exiliados, sino a todos los emigrados de España, fuese cual fuese el motivo de su salida de nuestro país. Esto conduce a un absurdo. La instrucción no es ningún reglamento que desarrolle cómo ha de aplicarse una ley, sino que modifica la propia literalidad de esa ley, y además lo hace en un sentido diferente a como realmente está redactada. No es posible que una ley superior diga una cosa, una instrucción con rango inferior describa justo lo contrario, y que además sea el propio Gobierno quien explique cómo resolver la incongruencia de forma tan burda. El Gobierno no se acoge a lo que dice su norma, sino que usa el BOE para recomponer lo que quiere decir, lo cual, en términos de técnica legislativa, carece de lógica. El fondo de la cuestión es un intento de captar votos favorables al PSOE en el extranjero con la excusa de la 'memoria democrática'.
