Es evidente, como denuncia Isabel Díaz Ayuso, que el enconamiento del conflicto entre la Comunidad de Madrid y una parte del personal sanitario es fruto de la instrumentalización política de la Sanidad, que en esta región ha sido un campo de batalla para la izquierda desde que en 1995 fue desalojada del poder. Pero también parece claro que el plan de reapertura de los 80 puntos de urgencias extrahospitalarias no estaba bien diseñado y presentaba serios desajustes, al igual que ocurre con la sanidad en otras autonomías socialistas en las que el ruido es casi inexistente. El problema de la falta de personal sanitario afecta a todo el país y no ha lugar a que el Gobierno central, que debería estar preocupado por esta carencia de recursos humanos, se dedique a caldear el conflicto en Madrid en vez de abocarse a resolver la parte que le toca. Ni unos ni otros tienen derecho a utilizar a los ciudadanos como escudo para imponer sus intereses. Estos deben recibir el servicio público que se les ha prometido.
