Armando González Rodicio, director del diario La Nación, agradeció este domingo a los magistrados constitucionales el reciente fallo que anuló el cierre de Parque Viva, propiedad del Grupo Nación, al concluir que se violó, de manera indirecta, la libertad de prensa.
Para González, esa decisión le ahorró a Costa Rica una vergüenza internacional, pues evitó que el caso fuera elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
De paso, celebró que la solidez institucional y la jurisprudencia interna bastaran para resolver el recurso de amparo que él y un grupo de periodistas de este diario presentaron, el pasado 27 de julio, en contra de la orden del gobierno de Rodrigo Chaves, a través del Ministerio de Salud, de cerrar el Parque Viva.
Por mayoría, con un solo voto salvado, el viernes anterior, la Sala Constitucional determinó que esa medida constituyó una violación indirecta a la libertad de prensa. Principio ampliamente consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así lo declaró González, la mañana de este domingo, en el programa Estado Nacional a cargo de la periodista Lilliana Carranza, donde compartió panel con Raúl Silesky, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión; Diego Delfino, director del medio digital Delfino.cr; y Rodolfo Brenes; abogado penalista especializado en Derecho de la Comunicación.
Durante una de sus intervención, además de agradecer a los magistrados por la decisión, recalcó que ese hubiese sido el mismo resultado si hubiese sido necesario elevar el caso a la Corte de IDH.
Al mismo tiempo, recalcó que Grupo Nación, como empresa, será la encarga de definir cuáles medidas adopta en la vía contenciosa administrativa, en cuanto al pago de costas, daños y perjuicios, ya que los periodistas del diario lo único que hicieron con el recurso de amparo fue defender los principios democrático de libertad de expresión y la libertad de prensa, en el entendido de que Rodrigo Chaves prometió, en campaña electoral, destruir a La Nación y a Canal 7, por su línea de periodismo independiente “que le resulta con mucha frecuencia incómodo al poder, y no solo a este gobierno”.
“Aquí se trató de amordazar a los periodistas con una presión económica sobre la empresa. Hay una marejada de troles diciendo que qué barbaridad los magistrados y que de dónde se sacan esos argumentos. Quisiera responderles ya mismo, eso está vigente desde 1969 en principios vinculantes para Costa Rica del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”, afirmó el comunicador, quien también estudio Derecho.
Según el inciso 3 de ese artículo: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Sala IV anula cierre de Parque Viva por violación indirecta a libertad de prensa
Esa norma existe desde la adopción del Pacto de San José en 1969, hace 53 años y del mismo modo estaba vigente en 1978, cuando se depositó la undécima ratificación para poner la Convención en vigencia, esto ocurrió hace 44 años.
El periodista incluso recordó que todo es inciso estaba ahí también en 1985 cuando la Corte Interamericana se lo aplicó a la colegiatura obligatoria de periodistas en Costa Rica en la opinión consultiva 05-85.
González también mostró su hartazgo en cuando a quienes utilizan los términos de “prensa canalla” y “ratas” para referirse a la prensa independiente e invitó a quien vuelva a repetirlas a cuestionarse quién ha revelado todos los casos de corrupción que se han conocido en Costa Rica.
“Pregúntese, ¿cómo se enteraron de ella (la corrupción)? Se enteraron de ella por la prensa. Pregúntese eso la próxima vez que nos vayan a llamar canallas. Canalla no soy, soy un hombre honrado que hace su trabajo con honradez y estoy totalmente harto de eso”, enfatizó el director de este diario.
Durante el espacio, Diego Delfino fue enfático al asegurar que la Sala IV solo defendió un principio democrático, consagrado en la Constitución Política y que va más allá de si está a favor o en contra de Rodrigo Chaves o La Nación.
“Esto nos puede afectar a todos. Incluso, su propio derecho a estar en desacuerdo con lo que se está hablando de este tema. Justamente por eso es que así decidieron los magistrados”, declaró el periodista para quien fue claro y evidente que hubo una desviación del poder, pues no medió ningún principio de legalidad y proporcionalidad en el cierre de Parque Viva
“La institucionalidad de este país nos acaba de recordar que la libertad de prensa y de expresión de cualquiera no puede ser atacada de esta manera”, agregó.
En términos coloquiales, Raúl Silesky de Iplex, dijo que “todo fue una sacada de clavo” de un político con un medio de prensa; algo que rechazó por socavar el sistema democrático. Él insistió en que no hay democracia sin libertad de expresión y de prensa.
Al igual que Delfino, reiteró que no se trata de estar de acuerdo o no con alguien. El tema de fondo, afirmó, es que prevalezca la tolerancia y, en particular de los funcionarios públicos, quienes deben recibir la crítica y soportarla. Él también mencionó que le preocupa el deterioro a la imagen internacional de Costa Rica.
“Esto es una llamada de atención para el Poder Ejecutivo, para que cambie de rumbo, todavía está a tiempo de aportar al país y fortalecer a nuestro país. Me pregunto cómo quiere ser recordado”, lanzó Silesky.
Rodolfo Brenes por su parte, aseguró que fue evidente la desviación del poder, en contra de la libertad de expresión y de prensa.
Incluso, insistió en que la Corte IDH ha dicho que los ataques indirectos son los más peligrosos por su sutileza. “El gobierno en este caso disfrazó de medida sanitaria lo que no era más que un ataque contra un medio de comunicación cuya destrucción adelantó siendo candidato”.
La propia Carranza, consultada al término de la transmisión, aplaudió que la institucionalidad nacional sea sólida y que la división de poderes funcione. Para ella, eso da tranquilidad y debe provocar orgullo a los costarricenses.
El pasado viernes 21 de octubre, los magistrados de la Sala IV declararon por lugar el recurso de amparo presentado por Armando González y varios periodistas de La Nación.
Por mayoría, decidieron anular las órdenes sanitarias que ocasionaron el cierre de Parque Viva y condenaron “al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.
De esa manera votaron los magistrados: Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García (instructor) y José Roberto Garita Navarro (suplente).
La magistrada Anamari Garro Vargas salvó parcialmente el voto. Si bien lo declaró con lugar, “por sus propias razones, respecto de la libertad de expresión”; lo declaró sin lugar en cuando a “la anulación de la orden sanitaria y del citado oficio, por cuanto estima que lo relativo a estos no procede ser conocido en esta jurisdicción”.
Mientras, el magistrado Salazar agregó que “dentro del plazo de 18 meses posteriores a la notificación de la presente resolución”, se deben realizar las medidas de coordinación necesarias para ejecutar un plan remedial que evite el congestionamiento vial en la comunidad de La Guácima, en Alajuela, donde se ubica Parque Viva.
El 8 de julio, mediante el Ministerio de Salud, el Gobierno ordenó el cierre de ese centro de eventos, luego de recibir una supuesta denuncia anónima y bajo el alegato de que el inmueble producía congestionamiento vial en la zona, pese a que los inspectores de Salud no encontraron anomalía alguna en el recinto. Los permisos de funcionamiento estaban al día y en regla.
Además, el cierre se produjo apenas dos días después de que el propio presidente de la República, en conferencia de prensa, atacó al diario La Nación, con datos distorsionados, por unos bonos emitidos por la compañía en el mercado bursátil, entre el 2013 y 2014, cuyos pagos están al día.
Para justificar el cierre del centro de eventos, el Gobierno costarricense gestionó informes técnicos de instituciones como la Policía, el Ministerio de Transportes, el Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Emergencias 911. Sin embargo, los documentos llegaron después de la orden de clausura.
