Compromís reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez una investigación a los colegios concertados para impedir que cobren cuotas a las familias, dado que perciben fondos de la Administración y supone un «agravio» comparativo con los centros públicos. La iniciativa parte del grupo municipal de esta formación política en el Ayuntamiento de Alicante y continuará con el senador Carles Mulet a través de una pregunta parlamentaria. El concejal alicantino Rafa Mas ha subrayado que las cuotas son «incompatibles con la financiación pública que reciben» estos centros educativos de gestión privada y ha alertado de que la ciudad es «un bastión de este tipo de escuelas mientras que son minoritarias en el resto del país». «La gran mayoría de colegios públicos concertados, aproximadamente el 90 por ciento, cobra a las familias unos pagos que pueden llegar a los 900 euros en los casos más extremos», señala la coalición en un comunicado. Por ello, el senador Mulet preguntará al Gobierno de España «qué está pasando y que abra una investigación junto a las comunidades autónomas para ver qué colegios concertados están cobrando cuotas a las familias». Además, el grupo municipal de Compromís impulsará una iniciativa en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante para que la ciudad, donde el 40% de la enseñanza es en centros concertados, «deje de cobrar cuotas a las familias». «Agravio comparativo» «No puede haber un agravio comparativo entre las familias que acuden a los centros públicos, donde la enseñanza es completamente gratuita, y las familias que acuden a la concertada, donde la enseñanza también debe ser gratuita, aunque la gestión sea privada, sobrecargando las economías de las familias», ha manifestado Mas. Para el concejal, «el problema tiende a crecer con el tiempo a pesar de la irregularidad de las cuotas como denuncian diferentes asociaciones de madres y padres como CEAPA y CICAE». «La última ley educativa (LOMLOE), se quejan las asociaciones, tampoco ha ayudado a revertir esta situación«, ha apuntado. Además, en el pleno de Alicante también se registrará una petición para que el Gobierno de España, junto a la Generalitat Valenciana, busque «una salida a una situación injusta y que vulnera el derecho a una educación universal».
