La ciudad de Taíz, en Yemen, está viendo el peor rostro de la guerra urbana. Imagen de archivo de 2019 del CICR.
Hans Grundberg, enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Yemen, se encontró esta semana con Anwar Gargash, asesor diplomático del gobierno del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahayan, y conversaron sobre la disposición de ambos de encontrar una solución pacífica para Yemen, país que está sumergido desde 2014 en una sangrienta crisis bélica.
En la reunión también se abordaron las conversaciones recientes de Grundberg y otras instancias internacionales para extender la tregua y el alto al fuego en Yemen, apuntando a alcanzar un alto permanente.
Gargash dijo que EAU apoya los esfuerzos de la ONU y de la comunidad internacional para garantizar la estabilidad de Yemen y poner fin al sufrimiento del pueblo yemení, que enfrenta condiciones humanitarias absolutamente devastadoras e indignas.
Por su parte Enrique Mora, coordinador de la Unión Europea (UE) para las negociaciones nucleares, dialogó con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Nayef al Hayraf, e intercambiaron opiniones sobre los temas de interés común internacionales, entre los que destacó Yemen pero también Irak y Libia.
Desde Estados Unidos salió el 11 de octubre hacia la región el enviado especial para Yemen del gobierno de Joe Biden, Tim Lenderking, para apoyar las negociaciones en las cuales están todas las partes antes mencionadas. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que “los hutíes tienen la oportunidad de apoyar un acuerdo de tregua ampliado que brindaría a millones de yemeníes un alivio inmediato, incluidos los pagos de salarios de los funcionarios públicos que tanto necesitan, la apertura de carreteras hacia y a través de Taiz y en todo el país, más destinos de vuelos desde Sana’a y un camino hacia un proceso de paz duradero e inclusivo liderado por Yemen, que incluye los llamados de los yemeníes a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación por las violaciones y los abusos de los derechos humanos”.
La guerra civil en la que vive Yemen empezó en 2014, y es consecuencia de un golpe de Estado de ese año contra el entonces presidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi.
Hay dos partes enfrentadas: el gobierno y las fuerzas progubernamentales contra los hutíes separatistas del sur leales al expresidente Alí Abdalá Salé.
La organización al-Qaeda en la Península arábiga y el Estado Islámico de Irak y el Levante también han participado en el conflicto, agravando muchísimo la violencia. Han habido intervenciones militares de otros países, aportando armas y suministros para repeler a los hutíes.
“Millones de yemenitas carecen de acceso al agua potable y a los servicios de salud, lo que ha provocado el surgimiento de brotes de enfermedades infecciosas como cólera, malaria y difteria, que han dejado un saldo de miles de muertos a pesar de ser cuadros tratables. Enfermedades crónicas habituales como la diabetes o la insuficiencia renal también se convierten en cuadros agudos, algunos de los cuales culminan con la muerte, ante la falta de insumos para el adecuado tratamiento”, ha denunciado el Comité Internacional de la Cruz Roja (o Media Luja Roja, como se conoce en algunos países de medio oriente).
Se calcula que, hasta finales de 2019, habían perdido la vida más de 233.000 civiles, de acuerdo a datos de Amnistía Internacional (AI).
“Todas las partes del conflicto han reprimido la libertad de expresión y asociación mediante la detención arbitraria, la desaparición forzada, el acoso, la tortura y otros malos tratos bajo custodia, y los juicios injustos”, explica el organismo en un informe de hace dos años.
La actuación especial de la ONU en el territorio alerta que están teniendo problemas para recibir financiamiento para evitar que la crisis humanitaria se agrave.
