En un escenario de inflación generalizada, los gobiernos no deben intentar frenar los aumentos de precios mediante controles de precios, subsidios o recortes de impuestos, esas medidas resultan costosas para los presupuestos; más bien deben priorizar la protección de los vulnerables a partir de apoyo específico a través de redes de seguridad social, señala el Fondo Monetario Internacional en su informe Monitor Fiscal.
Los precios más altos amenazan el nivel de vida de las personas en todas partes, lo que lleva a los gobiernos a introducir una variedad de medidas fiscales, que incluyen subsidios de precios, recortes de impuestos y transferencias de efectivo.
“Estimamos el costo fiscal medio de tales medidas en 0.6 por ciento del producto interno bruto nacional, además de los subsidios preexistentes, entre los países para los que se disponía de estimaciones”, calculó el equipo del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI encabezado por Vitor Gaspar.
Permitir que los precios de la energía se ajusten es crucial para preservar incentivos más amplios para frenar el uso de energía y aumentar el suministro. Ante choques de oferta duraderos e inflación generalizada, los gobiernos no deben intentar limitar los aumentos de precios mediante controles de precios, subsidios o recortes de impuestos.
“En una época de alta inflación, las políticas para hacer frente a los altos precios de los alimentos y la energía no deberían aumentar la demanda agregada. Las presiones de la demanda obligan a los bancos centrales a aumentar aún más las tasas de interés, lo que encarece el servicio de la deuda pública. Una postura fiscal más restrictiva envía una poderosa señal de que las autoridades están alineadas en su lucha contra la inflación”, señala el informe publicado este miércoles.
Si bien los formuladores de políticas deben proteger a las familias de bajos ingresos de las grandes pérdidas de ingresos reales y garantizar su acceso a alimentos y energía; también deben reducir las vulnerabilidades que traen las grandes deudas públicas y, en respuesta a la alta inflación, mantener una postura fiscal estricta para que la política fiscal no se contraponga a la política monetaria.
Se prevé que la deuda pública mundial se mantenga elevada en el 91 por ciento del PIB en 2022, después de retroceder desde un máximo histórico en 2020, y se mantenga alrededor de 7.5 puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia. Los países de bajos ingresos son particularmente vulnerables: casi el 60 por ciento de las economías más pobres están agobiadas por la deuda o corren un alto riesgo de contraerla.
Los gobiernos deben desarrollar resiliencia a lo largo del tiempo ante una variedad de impactos adversos como la pandemia, la crisis financiera mundial y desastres naturales específicos de cada país. La creación gradual de amortiguadores fiscales eventualmente permitiría a los formuladores de políticas responder con rapidez y flexibilidad a las crisis, señala el informe.
“Varias herramientas fiscales que han resultado útiles durante la pandemia pueden formar parte de un conjunto de herramientas más permanente, según la capacidad de los países y el espacio fiscal disponible”, recomendó.
Las redes de seguridad social ayudan a las personas a recuperarse del desempleo, la enfermedad o la pobreza, haciéndolas más resistentes a una amplia gama de desafíos. Dichos sistemas pueden hacerse fácilmente escalables y mejor orientados con la ayuda de la tecnología digital.
