La reestructuración a la que se sometió la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, a cargo de la construcción de centros educativos, definitivamente no funcionó.
La afirmación se desprende de las manifestaciones realizadas por Álvaro Mata, director de esa dependencia del Ministerio de Educación Pública (MEP), ante los diputados de la Comisión de Infraestructura. Mata, quien asumió el cargo hace tres meses, aseguró que los problemas del pasado continúan.
“Encontramos que en la DIE, aunque se hizo una reestructuración reciente, hay problemas de gestión. Estos problemas de gestión conllevan el atraso de proyectos, a la falta de seguimiento de proyectos y de la concreción oportuna en alcance tiempo y costo de los proyectos. Hay desinformación y hay proyectos que están desatendidos”, aseveró el funcionario durante su comparecencia, esta semana.
La reestructuración de la DIE se inició en enero del 2020 y se prolongó por seis meses, en aras de mejorar la productividad del ineficiente departamento y darle celeridad al desarrollo de infraestructura.
Se eliminaron departamentos, se creó el área de Mantenimiento de infraestructura y se previó contar con un proceso de evaluación de la calidad y mejora continua para ser más eficientes en atender los problemas de infraestructura de los centros educativos.
Esa reestructuración respondió a la aplicación de un diagnóstico realizado entre julio y diciembre del 2019.
Sin embargo, desde el inicio se planteó un problema y es que la reestructuración mantuvo a los mismos 113 funcionarios que la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública (MEP) había catalogado como “temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados”. Esos trabajadores se mantienen hasta la fecha.
Ese informe de auditoría, emitido en 2019, reveló que, por ejemplo, los proyectos se pasaban en las distintas etapas entre departamentos, pero como los funcionarios y jefaturas no se hablaban por problemas personales, no se trasladaban información para darle continuidad al proyecto que al final quedaba varado.
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Mata declaró ante los legisladores que se mantiene la falta de sistematización de la información sobre el estado de los proyectos de escuelas y colegios. Los datos están dispersos, por lo que cuando es necesario consultar el estado de alguna de las obras, hay que preguntar a cada profesional.
“La información de cada proyecto se lleva en unas hojas de Excel y no está completa, no está actualizada. Estamos trabajando bajo una donación de Yamuni que contrató al Colegio de Ingenieros para que nos diseñe un sistema de información que podamos utilizar en tiempo real y que nos facilita la recolección de análisis de esa información para la toma de decisiones”, informó el funcionario.
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Los problemas de comunicación revelados en el 2019, se mantienen
“La cultura de comunicación, no anda muy bien. Estamos haciendo fuerzas para mejorar esta cultura a través de la concientización y de la rendición de cuentas de los ingenieros a cargo de los proyectos”, expresó.
Durante la comparecencia, Mata también se refirió a los ¢95.000 millones que desde hace años las juntas de educación mantienen en caja única, sin ser ejecutados, a pesar de las necesidades de infraestructura. Para ejecutar esos recursos, las juntas deben tener el visto bueno de la DIE de acuerdo con el avance del proyecto, pero eso no ocurre.
El director de Infraestructura dijo que trabajan en mover esos recursos, pero, dijo, esto toma tiempo, debido a que tiene que analizar uno por uno cada monto y a qué corresponde.
“Nos hemos encontrado con que hay recursos en caja única del Estado sin ser utilizados, con plazos incontrolados, no ha habido control de esos plazos en que sus recursos han estado ahí sin utilizar. Consecuentemente, los centros educativos se han quedado sin la solución a sus necesidades”, dijo.
Por último, explicó que las relaciones con las juntas son complejas ya que los miembros de estas organizaciones toman decisiones unilaterales y, en algunas ocasiones, se separan de las recomendaciones que les hace la DIE.
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“Hemos visto que también son temerosas cuando se trata de tomar acciones legales, necesitan una guía, pero no se nos permite asesorarlos por algunas directrices que nos han dictado. Eso lo consideramos necesario para guiar a las juntas y acompañarlas en procesos, por ejemplo, de rescisión o de resolución de contratos”, manifestó Mata.
Informó de que hay 723 centros educativos con órdenes sanitarias, pero según había manifestado el viceministro de Planificación del MEP, Leonardo Sánchez, la cantidad de órdenes sanitarias “esta subestimada”. El Ministerio de Salud, que es el que las emite, afirma que hay más de 1.000.
