El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez se sienta en el banquillo de los acusados a las 10:00 de la mañana del lunes en la Audiencia Provincial de Murcia por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude en subvenciones y fraude y prevaricación durante la tramitación de la construcción del auditorio de de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esta localidad. Se trata de uno de los casos de supuesta corrupción más importantes enjuiciados en los tribunales de la Región y una de las causas judiciales que condujeron a la dimisión del popular en abril de 2017.
El Ministerio Fiscal pide para el antiguo jefe del Ejecutivo murciano una pena de cuatro años y seis meses de prisión, además de inhabilitación especial para empleo y cargo público durante 19 años y una multa de seis millones de euros. Para el arquitecto, la secretaria municipal y el empresario, el fiscal pide dos años y tres meses de prisión por distintos delitos.
El esqueleto del auditorio se encuentra al final de la avenida Presidente Adolfo Suárez de esta localidad murciana: lo que iba a ser un complejo cultural –teatro, auditorio, palacio de congresos y escuela de música y danza– de 10.000 metros cuadrados en un pueblo de 14.000 personas fue recepcionado en 2011 –cinco años después de que se impulsara el proyecto– con un 38% de las obras por concluir. Faltaba uno de los tres edificios proyectados y parte de la pérgola destinada a unirlos.
El centro cultural recibió una subvención del Gobierno regional, entonces liderado por Ramón Luis Valcárcel, por valor de seis millones de euros. Un informe de la Guardia Civil certificó que el Ayuntamiento pagó más de dos millones de euros por materiales que no se encuentran en el edificio, ahora en ruinas. Según la Fiscalía Anticorrupción, además, el Ayuntamiento recibió primero la subvención para cubrir su coste y luego saldó la deuda echando mano del Plan de Pago a Proveedores de 2012, de modo que pagó dos veces por lo mismo.
Los medios de comunicación regionales informaron de que el arquitecto Martín Lejárraga iba a ser el autor del diseño del auditorio antes de que saliera a concurso. El proyecto que presentó costaba exactamente lo mismo que la subvención que pagó la comunidad. Lejárraga también diseñó en el pasado la pasarela que discurre por la rambla Nogalte en el centro de Puerto Lumbreras y que, como el auditorio, fue objeto de una investigación judicial por diversas irregularidades en su construcción.
Sánchez resultó finalmente absuelto del denominado más tarde caso Pasarelas al agotarse el plazo de investigación antes de determinarse la complejidad de la causa. De esta forma, se convirtió en el primer dirigente popular beneficiado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) del PP, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. En este procedimiento el Ministerio Fiscal había solicitado tres años y medio de prisión por delitos de falsedad documental y de prevaricación continuada.
El antiguo jefe del Ejecutivo murciano también tiene otra causa abierta en los juzgados de Lorca durante la tramitación de la construcción de una guardería en el municipio lumbrerense. En este caso se le investiga por una presunta malversación de medio millón de euros.
Por otro lado, en julio de 2020 la Audiencia Nacional confirmó el sobreseimiento para Sánchez del caso Púnica. El expresidente murciano fue investigado en la pieza separada Murcia de esta causa por presuntos de delitos de fraude administrativo, prevaricación y falsedad en una campaña de lavado de imagen cuando estaba al frente de la Consejería murciana de Educación.
