La multa más abultada encajada por Glovo hasta la fecha, de 79 millones de euros, fue objeto de celebración el pasado miércoles por parte de los riders que denuncian desde hace años su condición de falsos autónomos. Sin embargo, son pocos los que esperan que esto se vaya a traducir en breve en una contratación. No es ni mucho menos la primera sanción que recibe la empresa de reparto por este motivo. En 2019 se emitieron las primeras por parte de la Inspección de Trabajo, pero la mayoría de mensajeros siguen trabajando en la práctica como autónomos, sin horarios y cobrando por pedidos. Sin vacaciones ni posibilidad de cogerse la baja.
Aquella sanción, que solo en Barcelona afectó a 3.573 repartidores –la actual asciende a 8.831– y que era de 3,5 millones de euros, fue recurrida por Glovo. Y desde entonces esos riders se encuentran en una extraña situación: fueron dados de alta como trabajadores por cuenta ajena en la Seguridad Social, pero en la práctica, la multinacional barcelonesa les sigue tratando como autónomos. Es el caso de Javier Pérez Martínez, que reparte para la empresa de las mochilas amarillas desde hace años. “Estamos en las mismas. Una cosa es que te den de alta de la Seguridad Social y otra que la empresa quiera cumplir. Yo sigo cobrando por pedido y mi jornada sigue siendo variable pese a las multas”, lamenta. Eso sí, no tiene que pagar la cuota de autónomos.
Pérez se queja de que se ha encontrado con más situaciones que considera “absurdas”. Por ejemplo, que pese a haber estado posteriormente trabajando para Uber Eats –esta vez sí, asalariado en una subcontrata– durante seis meses, al finalizar el contrato no pudo pedir la prestación de paro, precisamente por estar dado de alta en la Seguridad Social a cuenta de Glovo.
Han pasado tres años desde aquella multa de septiembre de 2019 en la capital catalana y los riders siguen sin tener un horizonte claro. Glovo acumula 148 millones en sanciones y ha habido fallos incluso del Tribunal Supremo que, respecto a un repartidor de Madrid, certifican que son falsos autónomos. Pero todavía no hay ninguna sanción que se haya emitido específicamente contra estas prácticas en base a la Ley Rider (2021), que la firma barcelonesa –y ahora tambén Uber Eats– sigue desafiando.
“Glovo pasa olímpicamente y sigue tirando de trabajadores autónomos porque asume el riesgo de las multas y de las cotizaciones. Así es más competitiva”, denuncia Neus Vitó, abogada de distintos riders vinculados al sindicato CGT, entre ellos Javier Pérez. Además, a favor de Glovo y de la dilatación del proceso ha jugado no solo la pandemia, que obligó a alargar los plazos, sino la propia dimensión del caso. Al tener que citar a más de 3.000 personas, desde el juzgado se señaló el juicio con mucho margen. Para abril de 2022. Pero este se acabó suspendiendo al reclamar Glovo nuevas pruebas y por ahora se mantiene sin fecha.
Este diario ha tratado de recabar la versión de la empresa sobre la multa de 2019 y los posteriores recursos, pero esta ha comunicado que no comentará nada debido a que el caso está pendiente de juicio.
La cantidad de riders que, como Javier, esperan un contrato de asalariados es a día de hoy una incógnita. A pesar de los miles de repartidores en que se basan las sanciones, cabe destacar que hay muchos mensajeros que prefieren trabajar con el modelo actual, a pesar de que infringe la normativa vigente, puesto que les permite hacer más horas de las que estarían permitidas para obtener más ingresos.
Además, detallan los sindicatos, se trata de un colectivo muy precario, en el que muchos no tienen aspiraciones de consolidarse en el sector, sino que ven el trabajo como una salida temporal. Esto, según Sergio Maldonado, abogado del Col·lectiu Ronda, provoca que muchos se acaben descolgando del proceso de reclamación. “Es gente joven, sin estabilidad de domicilio, que a veces comparten piso o habitaciones sin formalizar… Esto dificulta el proceso”, advierte. Y hace un símil con otros sectores, como el de la hostelería. “Son ámbitos en los que la precariedad es muy alta, pero pese a haber un elevado volumen de trabajadores, la litigiosidad es muy baja. Hay mucha rotación, la gente quiere asegurarse sus ingresos y tiene miedo de reclamar”, añade.
