El segundo Madrid republicano se fundó a las cuatro de la tarde del 14 de abril de 1931. A esa hora se izó la bandera roja, amarilla y morada en el balcón del Ayuntamiento. Un día después Pedro Rico, concejal por el distrito de Buenavista, fue elegido alcalde de Madrid por unanimidad. Antes de llegar a su recién estrenado despacho ya le esperaba una carta. En ella un grupo de intelectuales le instaba a liberar la Casa de Campo y entregársela al pueblo. Menos de una semana después, Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, tramitó el final de la posesión real y entrega al pueblo de Madrid. Rico, un simpático abogado se había mostrado como un creyente republicano de izquierdas, jugó un papel importante en un momento muy crítico y todos sus logros fueron inútiles ante el paro, las protestas y el abastecimiento de la ciudad durante las primeras semanas de la Guerra Civil.
Tal y como ha podido saber elDiario.es, los dos nietos de Pedro Rico han iniciado hace menos de un año la búsqueda de las obras desaparecidas e iniciado los trámites administrativos para ser restituidas. Los herederos y su representante han sido atendidos por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que les indicó que las competencias en el caso de la restitución de las obras expoliadas las tiene el Ministerio de Cultura. Este periódico también ha confirmado que en la sede de la cartera dirigida por Miquel Iceta se han reunido con el director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Isaac Sastre de Diego, con el responsable de Archivos Estatales, Severiano Hernández, y con la responsable del Instituto de Patrimonio Cultural de España, Marta Hernández.
Pedro Rico ha sido un personaje complejo e invisible para la historia. Es otra de las vidas que no encontrarán entre las más de 50.000 biografías que se resumen en el conflictivo Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia. Tampoco es conocido lo que sucedió el 9 de julio de 1938, en la calle Villanueva, 41. Ese día la Junta del Tesoro Artístico (JTA) republicana —encargada de proteger de la guerra, en depósitos y de forma temporal, la riqueza artística— se presentó en la vivienda del exalcalde y miembro de Acción Republicana, que había marchado al exilio en enero de 1937.
En el acta registrada se indica la incautación provisional de 23 pinturas y dos dibujos. El político y coleccionista tenía en su domicilio obra de Eugenio Lucas Villaamil, Roberto Domingo, Ángel Lizcano o José Jiménez Aranda, entre otros. Le gustaba la pintura costumbrista del siglo XIX. Hay un acta de incautación de la JTA, pero no existe la de devolución a los herederos de Rico del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) franquista. Los voluntarios de la JTA evitaron la destrucción de cerca de 17.000 bienes artísticos poniéndolos a salvo, pero el franquismo dejó sin devolver más de 8.000 bienes. Los entregó a la Iglesia, a organismos de la Administración, a museos y a particulares que mintieron y simularon ser los dueños.
Tienen localizados los organismos que recibieron las obras incautadas: el Gobierno Civil de Las Palmas, el Museo de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, el Museo de Arte Moderno de Madrid, el Museo Provincial de Oviedo y el Museo de Segovia. En estas instituciones se localizaron 19 obras. Sin embargo, la mayoría de los casi 40 museos públicos que tienen obra robada no han investigado la procedencia de sus fondos. Solo el Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, ha realizado ese inventario. Por este motivo a la familia de Rico, como tantas, les está resultando tan difícil hallar el paradero actual de todas ellas. El investigador Arturo Colorado ha encontrado recientemente una en el Museo de Bellas Artes de Valencia, tres, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y dos, en el Museo del Prado.
La localización de todos los bienes es inminente y por el momento la familia prefiere no hacer declaraciones sobre su investigación y el complicado procedimiento judicial o administrativo que ahora se abre para recuperarlas. Hasta el momento los poseedores de las obras —en este caso, las administraciones públicas— han actuado como si fueran los propietarios. La posesión estaba legitimada por la figura de usucapión, gracias a su reconocimiento en el Código Civil.
Sin embargo, el recurso de esta figura quedó desmantelada hace unas semanas con el nuevo criterio de la Abogacía General del Estado, que permitió la primera restitución de obra rodaba durante la Guerra Civil, a la familia de Ramón de la Sota. En situaciones manifiestas de posesión ilícita la usucapión no es posible y prevalece el derecho de propiedad anterior. En este caso la falta de legitimidad de posesión del Estado se encuentra en el vicio originario de la incautación. A pesar de todo, los herederos de Pedro Rico y sus representantes deberán transitar por un cauce legal que España todavía no ha diseñado.
El franquismo consideró a Pedro Rico un enemigo político. Según consta en el Centro Documental de la Memoria Histórica, fue amenazado de muerte por el régimen franquista y obligado a exiliarse. Este hecho determinó la imposibilidad de recuperar sus bienes en el plazo de tres meses que concedió la normativa, arbitraria, que se publicó para regular las reclamaciones de bienes incautados. Tampoco se atrevió a hacerlo la parte de su familia que quedó en España. Con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939, el franquismo tramitó unos 250.000 expedientes que abocaron a muchas familias con pasado republicano a la cárcel, al paredón y a la ruina económica.
Además, los agentes del franquismo se hicieron con el archivo personal del exalcalde, tal y como consta en el acta de incautación conservado en el Archivo Histórico Nacional. También confiscaron su biblioteca, compuesta por unos 2.000 ejemplares y que se guardaba en un bajo de la calle Almagro, 11.
Rico es un personaje histórico denostado por los acontecimiento asociados a su salida de Madrid. El 6 de noviembre de 1936, Largo Caballero decidió abandonar la capital sitiada y trasladar el Gobierno de la República a Valencia. Ese día el tráfico entre la carretera de Madrid-Valencia se multiplicó. La CNT y los comunistas decidieron quedarse en la capital y los atascos de vehículos fueron inevitables frente a los puestos de vigilancia de milicianos de la CNT. Tenían orden de prohibir la salida de la ciudad. En uno de los controles, a la altura de Tarancón (Cuenca), detuvieron el auto del alcalde Pedro Rico, al que impidieron continuar su marcha hacia Valencia.
La ciudad no tardó en conocer los hechos y la consideración del alcalde giró en su contra. El día después de lo sucedido en Tarancón, Rico se quedó en la Embajada de México, en calidad de refugiado, cuenta a este periódico el periodista y cronista de la Villa, Pedro Montoliú. La embajada se había convertido en refugio para muchos políticos de diferente índole y allí debió coincidir, entre otros, con Luis Carrero Blanco, futuro presidente del Gobierno con Francisco Franco.
Harto de esperar a que los ministros arreglaran su salida a Valencia, el 20 de enero de 1937 Pedro Rico huye escondido en el maletero del automóvil de un banderillero del torero Juan Belmonte, Juan Pérez Gómez 'el nili'. El episodio lo cuenta Indalecio Prieto en sus memorias, señala Pedro Montoliú, aunque otros también apuntan que iba en la parte de atrás, tapado como si fuera un bulto más. Una vez en Valencia, Rico marchó a Francia a los pocos días. Murió en Aix-en-Provence, dos décadas después, en 1957. Nunca volvió a regresar a España.
"Estaba muy preocupado por controlar los desmadres contra los bienes de la Iglesia, pero los acontecimientos le desbordaron y no tuvo cómo paralizarlo", cuenta Montoliú. Su papel al frente de Madrid estuvo determinado, según cuenta el cronista que ultima un libro sobre la ciudad y la República para la editorial La Librería, por la difícil situación de carestía económica que se arrastraba desde la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). La huelga obrera de 1934, en Madrid, precipitó la salida de Pedro Rico de la alcaldía. El Gobierno de Lerroux lo suspendió y lo sustituyó por considerar que no había hecho lo suficiente para amainar las protestas.
Cuando el Frente Popular ganó las Elecciones Generales, el 16 de febrero de 1936, y Manuel Azaña se convirtió en el presidente ordenó la restitución de los alcaldes destituidos en 1934, así como su corporación al completo. Rico no ejerció como alcalde entre octubre de 1934 y febrero de 1936. Y en noviembre de ese año, delegó en su teniente de alcalde para huir a Valencia.
Logró que la República le entregara a la ciudad ocho millones de pesetas anuales durante diez años. Con esa cantidad consiguió créditos con los que cometió las obras públicas de un Madrid en plena expansión. El alcalde tuvo muchos planes y poco dinero: trasladó el hipódromo desde la Castellana a la Zarzuela, construyó el edificio de Nuevos Ministerios, la imprenta municipal, los mercados de Antón Martín y Vallehermoso, además de cientos de escuelas públicas, amplió la calle Bailén y creó los jardines de Sabatini, entre tantas otras. La obra privada levantó las Ventas, el edificio Capitol y el Coliseum o la piscina La Isla.
"El caballo de batalla de Rico, el paro. Para hacer frente al desempleo acudió a la obra pública, pero no fue suficiente. Tuvo que establecer cartillas de racionamiento para los obreros", cuenta Montoliú. Durante esos últimos meses, el miembro del Grupo de Acción Republicana, hizo frente a la falta de abastecimiento de la ciudad en guerra. "La tónica de estas primeras semanas será la improvisación, que fue característica tanto de la gestión del problema de abastecimiento como de los demás ámbitos del Gobierno y la administración en todas las escalas. Así lo reconoció el propio alcalde de Madrid, Pedro Rico, cuando poco más de una semana después del golpe afirmó a la prensa que: "en menos de ocho días ha sido preciso improvisarlo todo, incluido el abastecimiento". Improvisación, sí, pero en ningún caso inactividad", cuenta la historiadora Ainoha Campos, en La batalla del hambre: el abastecimiento de Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939).
