El Trafalgar Polo Club de la localidad gaditana de Vejer sigue sin pasar inadvertido. Desde su construcción arrastra polémicas por las sanciones que ha recibido por el uso del agua, ha sido precintado por el Ayuntamiento y los vecinos de la barriada de Mangueta, donde se ubica el recinto, denuncian la construcción de un muro en un camino público por parte de los dueños. El abogado del club asegura que está todo en orden, pero las inspecciones no cesan ni las quejas del colectivo ecologista Agaden, que está batallando contra lo que considera acciones ilegales.
La Secretaria General Técnica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha multado a los propietarios del hotel con algo más de 50.000 euros por la extracción ilegal de agua de pozo y en el acuífero se le han puesto medidas coercitivas por parte del Ayuntamiento de Vejer.
Para Agaden es una buena noticia "contra la falta de control existente en las captaciones de agua de los acuíferos costeros de la provincia para abastecer instalaciones ilegales. No hay datos reales del número de pozos ilegales en la provincia de Cádiz, siendo esta falta de control en la extracción de agua subterránea la que pone en serio peligro las reservas estratégicas de agua". De todas formas, insisten en que deben cumplir con el sellado de los pozos porque "todavía se ve cómo riegan por las noches y no podrían hacerlo".
Desde el colectivo Barriada Mangueta se viene denunciando esta situación porque consideran que afecta a los vecinos que viven en la zona. "Vemos los caños de agua que se usan para regar y está claro que se pierden miles de litros al segundo. Desde hace tres años los vecinos han empezado a tener problemas con los pozos porque el hotel está tirando agua. Se nota que bajan los pozos y te quedas sin agua cuando menos te lo esperas. Además, allí se celebran bodas hasta las seis de la mañana y no nos dejan dormir", afirman representantes de esta asociación.
Ecologistas y vecinos denuncian irregularidades desde que comenzó la actividad de la empresa. El grupo Mangueta de Todos afirma que son "irregularidades que han afectado tanto a la vía pecuaria con una clara intención de privatizarla, cerrar el paso de personas, y la extracción incontrolada de agua".
Puestos en comunicación con la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible, se informa a este periódico de la apertura de un expediente generado porque le fue negado el paso a los agentes medioambientales, lo que conlleva una multa de 600 euros. Hay que recordar que el establecimiento fue precintado por parte del Ayuntamiento, pero los dueños del hotel presentaron un recurso y siguen realizando su actividad con normalidad. "El precinto ellos no lo acataron porque entienden que la administración no tiene razón. Nosotros hemos derivado ese recurso a la Diputación (de Cádiz) porque tenemos falta de personal. Que nos ayuden a resolver ese recurso. La alteración de precinto la comunicamos a Fiscalía, que no se ha pronunciado todavía", explican fuentes municipales.
Otro asunto que ha provocado un serio problema en los últimos meses ha sido la construcción por parte de los propietarios del hotel de un muro que fue ubicado en un camino público. Los vecinos de la barrida procedieron a su derribo y maquinaria del Ayuntamiento recogió los escombros. "Es una zona de paso para la playa y no hay otra en muchos kilómetros. No tenían derecho a hacerlo", afirman desde el colectivo Barriada Mangueta.
José Manuel Ramírez. Abogado de Trafalgar Polo Club, sale al paso de las acusaciones y asegura que todos los permisos están solicitados. En declaraciones a elDiario.es Andalucía comenta que "tenemos el problema que siempre ocurre en la zona, que está todo pedido y concedido por silencio administrativo. He pedido en varias ocasiones que se certifique por silencio todas las licencias de que dispone la instalación".
Sobre la sanción por la extracción de agua pozo señala que "tenemos todos los pozos con permiso concedido de la Consejería de Empleo tanto en sondeo como en puesta de servicio del propio pozo. Luego hubo una disparidad con la Delegación de Desarrollo Sostenible. Es un derecho que da la ley a todo titular de una propiedad, siempre que esté por debajo de 7.000 metros cúbicos. Esas sanciones están recurridas judicialmente porque se impusieron además a un titular anterior y no al club de polo y están suspendidas por un auto del juzgado en su ejecución. No se han pagado porque un juzgado las ha suspendido".
"Todos los expedientes que se han planteado a la instalación no han terminado en sanción porque no ha habido materia de sanción. Y los que han concluido, están recurridos actualmente. Nosotros todos los títulos los tenemos presentados como club deportivo porque es una actividad que tiene al caballo como pivote central. Somos un club deportivo, que tenemos una actividad deportiva y que tenemos una (actividad) accesoria de manutención y alojamiento que quiere difundir un deporte minoritario y abrirlo a la gente", añade el letrado.
¿Le negaron el paso a agentes medioambientales? "Eso está recurrido porque tenemos récord de inspecciones. Habrá muy pocos establecimientos que hayan sido más inspeccionados y está recurrido precisamente acreditando con acta la cantidad de ocasiones que han acudido los mismos agentes. No es que no se les dejara entrar, sino que no había nadie para atenderlos. Si vienen todos los meses y un día no se les puede atender, no significa que no se quiera".
No ve lógica tanta inspección el abogado al considerar que la instalación "sirve para contener la expansión de lo urbano. Hay gente que ha comprado fincas ilegales y que se ha dedicado a parcelarlas, mientras que esta actividad mantiene la naturaleza. Hay que preguntarse por qué lo inspeccionan tanto".
