Wafaa nació hace un año y medio en Estambul, pero no aparece en ningún registro ni tiene nacionalidad: es apátrida. Su padre, Sayed, temía que al pedir un documento de identificación para su hija, la administración exigiera ver los papeles de su esposa. La madre de Wafaa vive en Turquía de forma irregular desde el año 2019. Aunque Wafaa nació en suelo turco, las autoridades no le otorgan la ciudadanía porque ninguno de sus progenitores es turco. Podría acceder a la nacionalidad siria porque sus padres son de Homs, pero temen ir al consulado y pasar por un largo interrogatorio de las autoridades.
"Yo no he hecho el servicio militar y en Turquía tengo reconocida la protección temporal como la mayoría de sirios. Sé que Wafaa necesita papeles, pero me da miedo contactar a las autoridades de Siria", dice Sayed. La condición de apátrida de la pequeña Wafaa supone una privación de derechos que el resto de niños tiene: acceso a una educación y sanidad gratuitas. Esta falta de derechos le dio a esta familia un susto hace unos meses, cuando Wafaa cogió una fuerte gripe que le afectó un pulmón.
"Si no tienes papeles, tienes que pagar más por la consulta y es muy caro. Encontramos a un médico sirio que vino a casa y por suerte en un par de semanas ya estaba recuperada. Pasamos mucho miedo", dice Sayed.
Según un informe recientemente publicado por el Centro de Estudios Migratorios de Ankara, en Turquía hay 750.000 menores apátridas de familias sirias. Si se le añade los nacidos de familias afganas e iraquíes y de menores no acompañados que han entrado en el país, la cifra podría ascender al millón. Estos niños no tienen ninguna nacionalidad ni tampoco un documento de protección en el país. "No pueden obtener la ciudadanía turca según la ley. Los funcionarios turcos los consideran de nacionalidad siria", explica Murat Erdogan, director del Centro de Estudios Migratorios. El informe señala que estas familias, que tienen un estatus de protección temporal en el país, no solicitan el mismo documento para los recién nacidos, un paso crucial para poder acceder a una atención médica y educación. Los padres refugiados no registran a sus hijos por barreras del idioma o económicas, añade la investigación.
"Si no están registrados, todo son problemas. Si su hijo se enferma, tienen que pagar más en el hospital y existe el riesgo de que el médico llame a las autoridades y sean deportados porque no tienen una documentación que legalice su situación en el país", dice Nuray, una abogada experta en derecho migratorio. "Al final, depende del funcionario que te asista. Es una situación de extrema vulnerabilidad", añade.
Erdogan aconseja a las autoridades del hospital donde se produjo el parto y a los funcionarios de las oficinas de migración que acompañen a los refugiados en el proceso de registro de los recién nacidos para evitar negligencias y una vulneración de sus derechos. Sin embargo, en los últimos tres años las autoridades prácticamente no han admitido nuevos registros de protección temporal ni estatus de refugiado. Turquía ha pasado de una política de fronteras abiertas tras el inicio de la guerra en Siria en 2011, a establecer una prohibición de facto en la admisión de nuevas acogidas. Los refugiados recorren un laberinto de oficinas para poder obtener algún tipo de documentación. "El principal problema es el registro. Las familias van a las oficinas y están cerradas, les echan del edificio o no aceptan ningún tipo de documento", explica Nuray.
Turquía acoge cerca de cuatro millones de refugiados, principalmente de Siria, Irak y Afganistán. Actualmente, el país sufre una grave crisis económica con una rápida devaluación de su moneda y la inflación rozando el 80%. La incertidumbre económica ha hecho proliferar los discursos xenófobos en varios partidos opositores, que ven en las políticas anti refugiados un filón para atacar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene. Este clima xenófobo ha propiciado políticas recientes como no permitir a los refugiados desplazarse de una provincia a otra, o no permitirles alquilar una vivienda en ciertos barrios. Estas barreras diarias dificultan aún más todo el proceso de registro de los menores nacidos en Turquía.
Mientras que las organizaciones humanitarias han calculado un número estimado de los niños refugiados nacidos en Turquía, se desconoce la cifra de menores no acompañados que residen actualmente en el país. La mayoría de estos jóvenes son de nacionalidad afgana e iraquí, y llegaron a Turquía acompañados de familiares cercanos o entraron ilegalmente para buscar trabajo o tratar de cruzar hacia Grecia.
"Aunque sea menor de 18 años, las autoridades lo consideran un adulto, no un niño", dice Murat Erdogan. "Por ello, no pueden beneficiarse de los derechos de protección infantil. En la mayoría de casos, se los considera adultos por la dificultad de realizar pruebas médicas que confirmen su edad", añade.
Según las últimas cifras oficiales del Gobierno, en Turquía hay registrados 22.000 afganos. Varias ONG estiman que la cifra podría ascender a los 400.000 o 500.000, si se tiene en cuenta a los que no tienen documentación oficial. "Es el grupo de población más desamparado porque no suelen tener redes familiares que les ayuden. El sistema se aprovecha de ello y terminan en redes de trabajo infantil", lamenta Nuray.
