En su visita al norte del territorio nacional el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, junto al delegado presidencial regional, Ricardo Sanzana, encabezó la constitución del Consejo Asesor Regional Contra el Crimen Organizado.
Posterior a la firma del convenio de apoyo entre la Ministerio Público y el Ministerio del Interior y de la conformación del Consejo Asesor, Monsalve sostuvo que en la reunión con el fiscal regional, Mario Carrera, se revisaron los éxitos en materia de persecución penal entorno a las organizaciones criminales que están presentes en la Región de Arica. Desde marzo hasta la fecha se han desarticulado al menos 12 bandas criminales que han permitido encarcelar a 312 delincuentes, a través de procesos investigativos liderados por la Fiscalía y Carabineros de Chile.
El subsecretario en esta instancia declaró que el espacio de diálogo les permitió conocer detalles acerca del trabajo que desarrollaron las entidades para desarticular el denominado Clan de los Gallegos. Además, indicó que en el último año y medio el Ministerio Público y las policías han incautado más de 12 toneladas de droga.
“Aquí no hay ninguna organización criminal que esté fuera del alcance de la determinación de las instituciones del Estado chileno de perseguirla, identificarla y desarticularla, ninguna”, destacó la autoridad de La Moneda.
Según la Unidad de Investigación de Carabineros, recientemente la banda criminal denominada Tren de Aragua, amenazó con realizar un operativo contra funcionarios de orden público que desempeñaban sus labores en las inmediaciones del cerro Chuño, en Arica. Al respecto, Monsalve enfatizó que la presencia y coordinación entre las instituciones estatales era la prueba clara de que ha habido determinación de frenar a estas organizaciones delictivas y que “no estamos frente a ningún adversario invencible”.
Monsalve expuso que la desarticulación de las organizaciones criminales implica también la desarticulación de sus acciones delictuales. Así, reconoció que los homicidios son de los delitos que más golpean a la ciudadanía y los cuales se originan en muchas ocasiones debido al crimen organizado ya sea por el uso de armas de fuego en ajustes de cuentas, disputas territoriales o enfrentamientos entre las mismas bandas. “Cuando se desarticula una organización criminal también se evitan delitos como el homicidio”, afirmó
En ese sentido, la autoridad señaló que el Gobierno tiene una agenda legislativa para perseguir al crimen organizado y ha creado institucionalidad como la que se constituyó hoy en Arica, pero que también está dispuesto a invertir en el desarrollo de las capacidades de persecución e inteligencia de las instituciones policiales e investigativas. De esa manera, el subsecretario de Interior anunció que se han destinado $ 12 mil millones de pesos en materia de seguridad a tres regiones del norte: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Asimismo, indicó que entregarán recursos para la dotación de vehículos policiales, equipos de extracción de datos, de scanner y de detención, herramientas que buscan mejorar las capacidades de incautación de drogas y de armas.
Ayer parlamentarios de oficialismo y oposición solicitaron al Gobierno que decretara Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Norte. Los legisladores aseguraron que en la región era necesario que estuvieran los militares en las calles para controlar la delincuencia, el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el aumento de un 200% en los crímenes de alta connotación social.
Además, aseguraron que si el Ejecutivo no establecía la medida en el norte o no proponía alguna alternativa del mismo calibre, se negarían a respaldar una nueva prórroga de Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur. El gobernador regional, Jorge Díaz opinó que la medida en sí misma no solucionará los problemas que tiene la zona. “Por eso le plantee al subsecretario que podría existir un estado de excepción estratégico, que apunte a un mayor control fronterizo y en zonas específicas de la región”, puntualizó la autoridad.
De la misma manera, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, manifestó que cualquier estado de excepción sin planificación o sin ningún tipo de estrategia está condenada al fracaso”. En esa misma línea, Espíndola expuso que en pleno toque de queda en época de pandemia, aumentaron los robos del alumbrado público y reconoció que no compartía la postura de los parlamentarios de condicionar esta medida para el sur, con el motivo de presionar la aplicación de la misma en el norte.
“Acá en lo que tenemos que avanzar es en construir y diseñar planes hacia zonas que son críticas. En el caso de Arica y cerro Chuño no veo ningún problema que el ejercito se haga parte de ese sector”, destacó y añadió que “el Estado tiene que volver a estar en ese lugar, así como tuvo que recuperar el control de las fronteras que por lo últimos dos años estuvo en manos de los traficantes de personas”.
