A través del Consenso Fiscal de 2017, la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las Provincias que lo suscribieron acordaron la creación de un organismo federal para que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial.
En consecuencia, el Poder Ejecutivo creó por Decreto 932/2018 el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (OFEVI) bajo la estructura del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Bienes Personales: arranca el sistema que cuadruplica la valuación de los inmuebles
Acuerdo con el FMI: el Gobierno promete coordinar con las provincias un revalúo inmobiliario
El problema es que desde 2018, el OFEVI no avanzó en la determinación de los procedimientos y metodologías para determinar las valuaciones fiscales de los inmuebles.
En 2022, el Gobierno se comprometió con el FMI en darle rango legal al OFEVI para otorgarle el marco jurídico, económico y financiero necesario para que lleve adelante sus responsabilidades y definir los procedimientos y metodologías para la aplicación de las nuevas valuaciones fiscales en forma gradual, con un primer efecto para el año fiscal 2022 estimado en 0,1% del PIB y de un 0,2% adicional en años siguientes.
El gobierno manifestó que estas metas eran realistas a partir del peso de los bienes inmuebles situados en el país en la base imponible total del Impuesto sobre los Bienes Personales y el efecto buscado de los aumentos en las valuaciones fiscales para que se aproximen a los valores de mercado.
El incremento de las valuaciones fiscales tendrá efecto básicamente en el impuesto sobre los bienes personales, en el impuesto inmobiliario provincial y de CABA y en las tasas municipales como el ABL en aquellos municipios que tomen esa base para determinarlas.
Es decir, una vez que las Provincias y CABA determinen las valuaciones fiscales con los nuevos procedimientos y metodologías que defina el OFEVI, se podrá tomar dimensión del impuestazo que deberán asumir los ciudadanos.
Es razonable que exista un procedimiento uniforme de determinación de las valuaciones fiscales para que cada uno tribute lo que corresponde en función de los principios de capacidad contributiva e igualdad.
Sin embargo, el problema es la sumatoria de impuestos, tasas y contribuciones que deben pagar muchos ciudadanos que, en muchos casos, se podrían tornar confiscatorias si se analizan en forma global.
La ex ministra Batakis había anunciado que el OFEVI iba a pasar del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda al Ministerio de Economía para llevar adelante este proceso tan demorado.
Ahora, a través del Decreto 450/2022, el Poder Ejecutivo concretó el trasladó al OFEVI al Ministerio de Economía, específicamente en el ámbito de la Secretaría de Política Tributaria.
Se disponen cambios en la composición del Comité ejecutivo del OFEVI, como así también del Consejo Asesor y la Comisión Técnica.
También se instruye al OFEVI para que, a través del Comité Ejecutivo, establezca los Reglamentos Internos de Funcionamiento de los distintos órganos que lo componen, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del dictado del acto administrativo de la Secretaría de Política Tributaria que conforme el Comité Ejecutivo.
Es decir, se coloca un plazo muy corto con el objetivo de que el OFEVI comience a trabajar en los procedimientos y metodologías para la aplicación de las nuevas valuaciones fiscales.
Una cuestión a mencionar es que el Decreto 938/2018 indicaba que el OFEVI debía establecer los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales de inmuebles a los fines de que los mismos sean implementados por la Ciudad de Buenos Aires y por las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal aprobado por la Ley N° 27.429, pudiendo a tal efecto acceder a los registros catastrales y demás registros locales
Ahora, el Decreto 450/2022 esta última parte, es decir, ya no indica que puede acceder a los registros catastrales y demás registros locales.
Podría suceder que diversas Jurisdicciones locales, en virtud de las autonomías Provinciales, no estén dispuestas a dar acceso a los registros catastrales y demás locales y esa haya sido una razón para eliminar esta disposición.
Tal como se comprometió el Gobierno con el FMI debería darse rango legal al OFEVI y, por otro lado, todas las Jurisdicciones locales deberían adherirse a compartir sus registros catastrales y demás registros locales
