1 de agosto. Once de la noche. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coge su móvil mientras disfruta de sus vacaciones y pone un tuit: "Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga". Es su respuesta al real decreto ley de ahorro energético aprobado por el Gobierno de coalición para cumplir con las exigencias de reducción del consumo de gas acordadas por la Unión Europea. Dos días después, el Ejecutivo autonómico ya no habla de incumplimiento, sino de estudiar el texto y decidir si recurre al Tribunal Constitucional las partes que puedan invadir sus competencias. Desde la dirección nacional del PP hacen equilibrios para no desautorizar a uno de sus activos ni a su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, quien reclamó hace 10 días un plan similar.
"Entendemos la postura de la presidenta de Madrid", ha dicho tanto el martes como este miércoles el coordinador general del PP, Elías Bendodo. Pero "entender" no es apoyar. De hecho, en el PP se critica más que el Gobierno de coalición no haya pactado previamente las medidas con las diferentes administraciones que las deben aplicar que el hecho en sí de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde al real decreto ley.
Las contradicciones en el seno del PP en esta materia no son nuevas. En el debate sobre el estado de la nación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó la necesidad de elevar los grados en los aparatos de climatización para ahorrar energía. "¿No se le cae la cara de vergüenza pedirle a los españoles que ahorren en aire acondicionado en plena ola de calor mientras no reduce su gasto?", le contestó entonces la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra.
Entonces, como ahora, llegó una rectificación indirecta desde la cúpula del partido. Fue el propio Feijóo el pasado 21 de julio: "Me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aire acondicionados y en invierno la calefacción. Debemos de bajar el consumo energético".
El que fuera jefe de Bendodo en la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha asegurado que la región sí va a cumplir con la ley. "La norma es la norma", han señalado desde Andalucía, al tiempo que han recordado que "un recurso no exime" del cumplimiento. Desde Murcia, donde también gobierna el PP, se ha apostado directamente por la tesis de "analizar" el contenido del decreto. Será entonces cuando decidan qué hacer. El Gobierno gallego ha lamentado las formas con las que se ha aprobado la ley, aunque no han dado señales de oponerse a ponerlo en marcha, mientras desde Castilla y León se ha optado por el silencio.
Así, Ayuso se ha quedado sola dentro del PP en su apuesta inicial por incumplir la ley. Ni siquiera el Ayuntamiento de la capital ha seguido las tesis de la lideresa regional del partido. Fuentes del Gobierno de José Luis Martínez Almeida aseguran que primero analizarán el contenido, aunque la vicealcaldesa, Begoña Villacís, sí planteó en un primer momento que la ciudad no apagaría la iluminación de los monumentos por su interés turístico. Pero el real decreto ley establece que solo los edificios deberán apagar sus luces cuando no haya ya nadie trabajando en su interior.
La presidenta de Madrid ha dejado de lado la insumisión legal, pero no por eso ha dejado de tuitear contra la norma y contra el Gobierno, esgrimiendo para ellos supuestos datos de "gastos inútiles" de los ministerios sin indicar de dónde los saca ni a que se refiere con esa calificación.
