Despedidos protestaron frente a la Asamblea Legislativa y entregaron una pieza de correspondencia en la que solicitan una compensación económica.
San Salvador. Miembros del Movimiento de Trabajadores Despedidos y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) denunciaron que al menos 14.000 personas fueron despedidas desde el 1.° de junio del 2019, al tomar posesión el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Representantes de ambas organizaciones se concentraron el 27 de julio en las afueras de la Asamblea Legislativa para entregar una pieza de correspondencia en la que solicitan equiparar la compensación económica recibida por todos los empleados públicos.
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Sonia Urrutia, representante del BRP, aseguró que, desde que inició la gestión de Bukele se despidieron a más de 14.000 trabajadores. Solo en el primer año, dijo, se despidió sin el debido proceso a más de 10.000 personas de 43 dependencias del Estado.
“Se han utilizado jurídicas figuras inexistentes, y a los trabajadores despedidos no se les ha seguido su debido proceso, ni se les ha garantizado su derecho a una indemnización digna. Se les está lanzando a la calle, a la mendicidad”, afirmó.
#EnVideo | Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, asegura que desde el 1 de junio de 2019, al tomar posesión @nayibbukele, se ha despedido de forma arbitraria a más de 14,000 empleados públicos de 40 instituciones. pic.twitter.com/U5G5uCgkc8
— LPGPolitica (@LPGPolitica) July 27, 2022
Samuel Alfaro, representante del Movimiento de Trabajadores Despedidos, aseguró que las instituciones afectadas con despidos hasta el momento son “prácticamente todo el Ejecutivo, autónomas, alcaldías y la Asamblea Legislativa”.
Asimismo, citó los más de 3.000 policías y administrativos cesados de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y la Policía Nacional Civil (PNC), los despedidos tras la liquidación del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), del Zoológico Nacional, de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), y de la Comisión Hidroeléctrica del río Lempa (CEL).
También denunció que los despidos seguirán en instituciones como el Ministerio de Educación, donde el ministro interino Mauricio Pineda afirmó que está alistando un decreto de retiro voluntario para más de 30.000 maestros, con la liquidación de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Dygestyc).
Por su parte, la Asamblea Legislativa no permitió el ingreso del Movimiento de Trabajadores Despedidos, por lo que dos diputadas, Anabel Belloso y Dina Argueta, salieron a recibir la propuesta.
En el decreto presentado ante la Asamblea, los trabajadores despedidos proponen aprobar una compensación “estándar, justa y equitativa”, calculada con base al último salario devengado por el trabajador, y multiplicado por cada año o fracción mayor de seis meses de servicio. Así, se tendrían tres tipos de compensaciones:
1. Personas con salario de hasta $1.000, recibirían un salario por año hasta un máximo de $30.000.00.
2. Personas con salario entre $1.000 hasta $2.000, un máximo equivalente a veinte salarios.
3. Empleados con salario de $2.000.01 en adelante, hasta un máximo equivalente a quince salarios. En todo caso, la compensación no podrá exceder de $30.000.00.
Con esta medida, los trabajadores buscan corregir la diferencia entre las indemnizaciones recibidas por empleados, pues aseguraron que jueces y magistrados gozan de “jugosos retiros”, mientras empleados de otras dependencias no recibieron fondos.
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