De acuerdo a registros de la PDI fue que el gobierno informó 127 mil migrantes en condición irregular desde 2018 hasta la fecha, cuyo factor principal se debe a la crisis humanitaria de Venezuela.
En conversación con La Tercera, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer se refirió a la idea de establecer mecanismos ordinarios de regularización en la Política Nacional de Migraciones, anunciada por el gobierno en mayo pasado.
Sin embargo, la autoridad aseguró que dicha política se conocería en octubre y descartó de momento un proceso de regularización masivo. Mientras tanto, el Ejecutivo trabajaría en criterios que podrían incluir como causales la reunificación familiar, víctimas de trata de personas y la necesidad de enfrentar el déficit de fuerzas de trabajo.
Al respecto, la antropóloga y fundadora de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Nanette Liberona, calificó como deficientes los actuales mecanismos de regularización, toda vez que la documentación que se les exige a las personas no la pueden obtener “debido a que las instituciones de sus países de origen son disfuncionales o están en crisis”.
En ese sentido, afirmó que “el problema que tenemos actualmente de este alto número de población irregularizada es que está en una situación de extrema vulnerabilidad y, además, que una vez que pueden acceder a una regularización muy fácilmente pueden caer nuevamente en una irregularidad. Pueden acceder tal vez por períodos muy cortos, de un año, en el que cumplen ciertos requisitos, pero que los pueden volver a perder y caen en un proceso que se llama irregularidad cíclica”.
Para Liberona “los estados debieran reconocer el desplazamiento forzado de esta población y, por tanto, generar mecanismos no ordinarios de regularización. Entonces, creo que el gobierno en este momento está al debe en este escenario”.
De todos modos, apuntó que “creo que acá hay un problema grave que tiene que ver con cómo los organismos internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), están haciendo recomendaciones al Estado para que no se asuma que esta población es refugiada, se le debería otorgar el estatus de refugiados por las múltiples vulneraciones a los derechos humanos que están viviendo en su país de origen, en los países de tránsito y en este país”.
El representante de la Defensoría de Migrantes en Chile, Rodolfo Noriega, planteó que “hay actitudes que demuestran voluntad de algunas personas dentro del gobierno que claramente van en la línea de tener una administración que le de gobernanza al tema de las migraciones, hablo del reconocimiento y participación de los sectores migrantes, que son los incumbentes en estas materias. Veo un esfuerzo de Thayer y su equipo en ese sentido”.
“Asumen una responsabilidad y una tarea en medio de muchas complejidades. La administración anterior fue totalmente ineficiente o deliberadamente ineficiente, no reguló las migraciones, tiene un saldo de gestión muy negativo con más de medio millón de personas pendientes de resolver sus casos migratorios, de gente que está en situación regular, pidiendo residencias o permanencia definitiva o nacionalización o solicitudes de refugio que están paradas”, expresó.
Sin embargo, cuestionó que sobre la negativa del Ejecutivo a avanzar en procesos generalizados obedece a “un reproche previo. Ahí veo cierta coincidencia en alguna parte del lenguaje de este gobierno con el anterior, que es que no deslinda claramente el tema de la migración con el tema de la seguridad del país (…) Yo no dejo de desconocer que ha habido avances, pero todavía son muy incipientes. Se necesita una actitud más clara en el tema del deslinde de seguridad-migración y la gestión migratoria tanto acá como la que está llevando el país hacia fuera”.
Mientras en una línea similar, el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Ignacio Eissmann, afirmó que en la organización “miramos con preocupación el número de personas en condición de irregularidad que hay hoy día en Chile, lo cual se debe a la gestión migratoria deficiente que se realizó en el gobierno anterior, pero por otra parte estamos muy optimistas y celebramos la apertura que tiene el Servicio Nacional de Migración a iniciar en un futuro próximo el proceso de regularización a través de una Política Nacional”.
“Los datos que hemos recabado así como la experiencia de nuestros equipos en terreno nos muestran que la regularización en la práctica es una puerta de entrada para que muchos puedan tener un muy buen proceso de inclusión en Chile. Si tomamos en cuenta los procesos recientes en el 2019 se otorgaron 96.257 visas, que equivale a un 62% del total, mientras que las rechazadas alcanzaron un 11%. En el último proceso, para el 28 de febrero se registraron 25.534 visas otorgadas frente a solo 2.433 rechazos. Esto nos indica que la mayoría de los postulantes a estas visas cumple con los requisitos establecidos en la resolución N°1.769 y no presentarían antecedentes penales”, complementó Eissmann.
En ese marco, señaló que “nos parece muy positivo que se dé prioridad también a los niños, niñas y adolescentes, pero hay que recordar en este sentido que hay que incluir a sus cuidadores. Por esto, un proceso regulatorio no solo debe considerar a los niños, sino que también a los adultos y a estos ayudarlos a acceder a un trabajo estable y seguro para poder mantener una buena condición de vida en las familias”.
