El fiscal pide ocho años de prisión y la acusación particular, que ejerce la madre, lo eleva a 10
SANTANDER, 16 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará el martes, día 19, a un hombre acusado de abusar sexualmente en verano de 2020 de una menor de edad, de 17 años, a la que debía realizar un masaje relajante.
Según el escrito de la Fiscalía, que pide para el hombre ocho años de prisión, la chica y su madre estaban hospedadas en una posada de un municipio costero de Cantabria e hicieron una reserva para darse un masaje relajante. Cuando accedieron a la sala habilitada para ello, fueron separadas visualmente por una cortina.
El acusado, de nacionalidad extranjera y que trabajaba en la posada como masajista, se encargó de realizar el masaje a la chica, le pidió que se quitara la ropa y que se tumbara, y comenzó a realizar el masaje por la zona de la espalda y los glúteos.
A continuación, "con pleno conocimiento de la minoría de edad de la chica y sin que en ningún momento se hubiera contratado por la menor o por su madre un servicio de naturaleza sexual", cuando la menor se encontraba en la camilla y desnuda salvo por una braguita de algodón que se le había facilitado, le pidió que se pusiera boca arriba y, "con ánimo de satisfacer su ánimo libidinoso, comenzó a realizarle tocamientos de naturaleza sexual por la zona de los pechos".
El procesado actuó así "sin previo aviso alguno y sin el consentimiento de la menor, provocando una situación de incomodidad y bloqueo en ella, generando una inhibición tónica en la misma, con ausencia de respuesta".
El fiscal señala que el acusado, que era "plenamente consciente del bloqueo que sufría la menor", "le introdujo repetidamente un dedo en la vagina, le practicó sexo oral, con introducción de la lengua en los genitales, e incluso llegó a tocar la zona externa de su vagina con el pene, eyaculando".
Mientras sucedían estos hechos, a la chica "le temblaban visiblemente las piernas" y se encontraba "ausente de respuesta", ya que no había mantenido nunca antes relaciones sexuales de ese tipo.
Cuando terminó, la menor "se incorporó aún en estado de shock a una ducha allí habilitada, donde se introdujo el procesado detrás suyo y la agarró de los glúteos, apartándose de él la menor, en repulsa y visiblemente molesta por todo lo sucedido".
A continuación, la chica se vistió y se reunió con su madre, que "en ningún momento se percató de lo que estaba sucediendo", y subieron las dos a su habitación en la posada. Una vez allí, la menor se metió en el aseo y "rompió a llorar desconsolada", contando a su madre lo que había sucedido y diciendo que "estaba sangrando por los genitales".
A consecuencia de los hechos, sufrió un desgarro himeneal y ha padecido "un evidente daño moral" y secuelas psíquicas y psicológicas aún pendientes de determinar.
La madre denunció los hechos un día después y el juzgado de guardia acordó para el procesado prisión provisional, situación en la que aún permanece. El juicio contra él se celebrará el martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, a partir de las 10.00 horas.
PENA
La Fiscalía califica los hechos como un delito de abuso sexual con acceso carnal, ante el que solicita una condena de ocho años de prisión, prohibición de comunicar y acercarse a la menor durante 14 años, una medida de libertad vigilada de seis años y la expulsión del territorio nacional durante siete años.
En concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado también sea condenado al pago de una indemnización de 12.000 euros por el daño moral causado a la chica, y en la cantidad que se determine en el juicio por las secuelas psíquicas que le haya podido ocasionar. Subsidiariamente, reclama que responda el establecimiento donde ocurrieron los hechos.
La acusación particular, que ejerce la madre de la menor, eleva la petición de condena a diez años de prisión, 14 de alejamiento y prohibición de comunicar con ella, diez de libertad vigilada y expulsión del territorio nacional durante otros diez.
En concepto de responsabilidad civil, también solicita una indemnización de 12.000 euros por el daño moral y otra a determinar en juicio por las secuelas psíquicas. Asimismo, pide que subsidiariamente responda el establecimiento.
