Xavier Espot, jefe del Gobierno de Andorra del grupo Demócratas, emboca la recta final de la legislatura que finaliza en marzo próximo con un ejecutivo tripartito y estabilidad parlamentaria, a pesar de la división interna de los Liberales que le dan apoyo. La libre circulación de personas, limitada con topes de residentes, y la defensa del monopolio de Andorra en telecomunicaciones son los principales escollos de la negociación del acuerdo de adhesión a la Unión Europea (UE), que deberá estar cerrado a finales de 2023. Andorra negocia desde 2015 junto a Mónaco y San Marino el acuerdo de adhesión con la UE, lo que implica la asunción de las cuatro libertades europeas: de circulación de personas, mercancías, capitales y establecimiento de servicios. El Principado defiende que existan cuotas de residentes, como ha logrado Liechtenstein, «para proteger un país de 80.000 habitantes que ingresa en un mercado de 500 millones de personas y ya hemos logrado un principio de acuerdo», asegura Xavier Espot. Más espinoso será mantener el monopolio en materia de telecomunicaciones que defiende Andorra, aspecto que penaliza a los visitantes españoles y franceses con precios excesivos, ya que no existe el servicio de itinerancia o roaming para las llamadas o datos, mientras que los andorranos sí tienen un acuerdo con las distintas operadoras de los países vecinos para mantener el servicio a precios aceptables. Espot reconoce que «deberemos avanzar para que españoles, franceses y resto de europeos no tengan que pagar tan caro el servicio de telecomunicaciones en Andorra», mientras defiende el principio de acuerdo con la UE en el monopolio eléctrico, como ocurre en Córcega respecto a Francia, lo que a su juicio ha permitido contener los precios de la electricidad frente a la escalada experimentada en España. El acuerdo de asociación de Andorra con la Unión Europea culminará a finales de 2023 si las negociaciones avanzan como hasta ahora y se contemplan «ciertas especificidades vinculadas a una realidad territorial y demográfica concreta y muy frágil», subraya Espot. Andorra es consciente de que no puede pedir a Europa «un traje a medida», pero exige «algunas adaptaciones para poder controlar la política migratoria y la circulación de personas», tal y como hizo Liechtenstein. En declaraciones al programa 'Ara Andorra' de Cope Cataluña y Andorra con la participación de ABC, el jefe del Gobierno del Principado también ha destacado que el país «ha dado pasos de gigante en los últimos 10 y 15 años para homologarse fiscalmente y abrir su economía», pero reconoce que tienen «a medio y largo plazo ciertas fragilidades que corregir». Entre esas fragilidades, Espot ha destacado «la sostenibilidad del sistema público de pensiones» y el acceso a la vivienda. Espot celebra el trabajo realizado por el Pacto de Estado del Consejo General en el ámbito de las pensiones, pero «ahora queda culminar con una modificación de la ley de la seguridad social que, evidentemente, tendrá que introducir una serie de medidas correctoras, impopulares pero necesarias», ha explicado. Para garantizar las pensiones futuras de «la gente que lo necesita», el jefe del Govern andorrano apunta recetas que ya ha adoptado España, como «un incremento de la edad de jubilación, un aumento de las cotizaciones y poner un tope a las pensiones máximas». Sobre estas medidas, Espot asegura que no hay «remedios milagro» y cree que «será difícil implementarlas en esta legislatura», por lo que este asunto y el relativo al acceso de la vivienda serán los dos principales debates de la campaña de las elecciones generales previstas entre febrero y marzo del año próximo. Sobre la propuesta de la oposición de pasar la cotización de la rama general a la rama de jubilación, Espot reclama al partido socialdemócrata que «sea honesto, transparente y sincero» con los ciudadanos y que explique que esta medida «exige un incremento de los impuestos del IRPF y de Sociedades». El jefe del Gobierno andorrano pide a sus rivales políticos que expliquen claramente sus recetas para garantizar las pensiones. «Los partidos que integramos el gobierno ya lo estamos haciendo», ha afirmado. Por otro lado, Espot ha señalado que «el problema social más importante que tiene Andorra actualmente es el acceso a la vivienda». También admite que no han sido «capaces de mitigar y resolver» esta problemática, que se ha acrecentado, ya que la adopción de medidas intervencionistas «ha desincentivado que los propietarios privados opten por construir nuevas viviendas de alquiler». El jefe del gobierno andorrano apela no solo a los propietarios privados para que «hagan actividades algo menos rentables», sino también a las administraciones públicas, como los Comuns (ayuntamientos). Los ayuntamientos andorranos, recuerda Espot, «tienen las palancas fiscales y urbanísticas para incentivar que los propietarios decidan construir un edificio de alquiler en lugar de uno de compraventa». Xavier Espot ha explicado que para paliar el problema del acceso a la vivienda, el gobierno ha previsto un crédito extraordinario de más de 30 millones de euros «para poder alquilar y comprar directamente pisos y destinarlos a quien lo necesite». Además, «los alquileres solo se aumentan según el IPC y los contratos de alquiler se prorrogan cada año», ha dicho. Espot también ha subrayado los beneficios de la iniciativa del transporte público gratuito para los residentes, una medida que pocos países han tomado y que está pensada para ayudar a «las familias más vulnerables, que normalmente utilizan transporte público». Igualmente, esta medida resuelve «un problema de movilidad y de presión fuerte en las carreteras» y «potencia la lucha contra el cambio climático y la transición energética». Finalmente, Espot no cierra la puerta a una futura colaboración con Francia y España para organizar unos Juegos Olímpicos de Invierno. «Nos gustaría colaborar, porque Andorra tiene el dominio esquiable más grande del sur de Europa», ha asegurado.
