El objetivo número uno del Gobierno en estos momentos es contener la escalada de los precios, y ha centrado el tiro en los sueldos para evitar lo que los economistas llaman los efectos de segunda ronda . Al sector privado le reclama un pacto de rentas, lo mismo que ofrecerá a los funcionarios, a los que niega la exigencia sindical de que sus nóminas se acompasen a la inflación. Caso contrario de lo que hará con los pensionistas, con los que mantiene el compromiso legal de subir sus rentas con la inflación , aunque sea en un contexto en el que los precios ya crecen por encima del 10% y la medida es rechazada por organismos como el Banco de España y por el grueso de los economistas. El Grupo Socialista votó el pasado jueves en el Congreso en contra de una propuesta de resolución planteada por Unidas Podemos en la que, entre otros puntos, planteaba la actualización de las retribuciones de los empleados públicos con la inflación prevista más una cláusula de revisión que permita recuperar en dos años la pérdida del poder adquisitivo de este año, en el que las nóminas de los más de tres millones de efectivos de la Administración subieron un 2%, cinco veces menos que la inflación. Una factura millonaria Con su rechazo, el PSOE anticipa que Sánchez no piensa ceder a las reivindicaciones de su socio de Gobierno ni a las exigencias sindicales, lo que no significa que rechace subir los sueldos de los empleados públicos. La idea de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es abrir un diálogo con los sindicatos para negociar una senda retributiva para dos o tres años y su intención es hacer coincidir este diálogo con las negociaciones presupuestarias, al objeto de conocer los recursos de que dispone, teniendo en cuenta que revalorizar las pensiones con el IPC se llevará entre 10.000 y 15.000 millones, a lo que se suman desembolsos como subir un 15% las pensiones mínimas o el ingreso mínimo vital, entre otros. Noticia Relacionada estandar No Sánchez rechaza subir los sueldos de los funcionarios con la actualización del IPC Teresa Sánchez Vicente CSIF anuncia una gran movilización de protesta en Madrid el próximo septiembre El sindicato CSIF acusó ayer al presidente del Gobierno de ignorar las reclamaciones salariales de los trabajadores de la Administración «para poder afrontar la escalada de los precios y su impacto en la cesta de la compra de bienes de primera necesidad» y anunció una «gran movilización» de protesta el próximo septiembre en Madrid para trasladar al Ejecutivo el malestar de los empleados públicos. La central que dirige Miguel Borra exigió a Montero que dé ejemplo a la empresa privada y plantee ya una subida en las administraciones, como ha hecho Francia. El Gobierno galo elevará este mes la remuneración de sus más de cinco millones de empleados públicos un 3,5%, el mayor alza desde el año 1985. En España, CSIF, CC.OO. y UGT han avisado de que no aceptarán ninguna actualización salarial para este año que se quede por debajo del 3,5%, dada la actual situación de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y familias. Recuerda que los empleados públicos arrastran una merma en su poder de compra superior al 15% y proponen cerrar un pacto para 2023 y 2024 . Además de blindar los sueldos, el PSOE también tumbó otra propuesta de resolución en la que se reclamaba un pacto de Estado por los servicios públicos, lo que ha añadido más leña al fuego en la relación entre el Gobierno y los empleados públicos. CSIF ha expresado su preocupación «por el deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del bienestar», como la sanidad y la educación y ha reclamado al Gobierno que refuerce las plantillas y ponga fin a la tasa de reposición, además de mejorar la inversión. Noticia Relacionada opinion Si Un otoño económico que va a parecer un invierno crudo María Jesús Pérez Mientras el Gobierno va liquidando organismos como el INE, expertos e instituciones nos alertan de un segundo semestre tremebundo. La «ricisión» ya está aquí, aunque los sindicatos manden a unos de vacaciones y otros «a hacer puñetas». Objetivo, salvar al soldado Sánchez, que prepara una agenda de viajes al otro lado del charco para quitarse de en medio y que corra el tiempo Las relaciones entre los empleados públicos y el Gobierno están en sus horas más bajas. Como ya informó ABC, a primeros de julio, el presidente de CSIF, Miguel Borra, remitió una misiva a Pedro Sánchez en la denunciaba que la ministra de Hacienda tiene bloqueadas desde hace nueve meses las negociaciones con los empleados públicos. En la carta, Borra aseguraba desconocer las razones de este bloqueo y recordó al presidente que en el acuerdo suscrito por el ministro de Política Territorial y Función Pública se incluyó, hace justo un año, el compromiso de acordar un calendario para sentar las bases de las condiciones laborales de los empleados públicos, en especial las relativas a promoción interna, provisión y movilidad. Límites a la movilidad Al malestar de las centrales por la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, se ha unido la escasa sintonía en la negociación del II Acuerdo de Movilidad de Personal Funcionario. Como avanzó este diario, la propuesta de negociación que ha puesto sobre la mesa Montero, «limita la movilidad geográfica y la promoción profesional de los empleados públicos al introducir trabas en los concursos de traslados en departamentos y organismos de la Administración General del Estado (AGE)», explicaban a este diario fuentes del sindicato. La central aseguraba que se opondría a «cualquier tipo de limitación» en la movilidad del empleado público entre administraciones, ya sea estatal, autonómica o local, y avisaba de que «la mejor manera para evitar que los empleados en la AGE soliciten su traslado a organismos y departamentos de otras administraciones es mejorar sus condiciones laborales», con medidas como la implantación de 35 horas semanales o eliminar las desigualdades retributivas por realizar el mismo trabajo.
