El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió la solicitud del Ministerio de Hacienda a los diputados de eliminar seis de las 10 normas de control presupuestario, introducidas por los anteriores legisladores para una mayor contención y fiscalización del gasto estatal.
Una de las medidas que el Gobierno pide levantar es la que congela las plazas que quedan vacantes para el segundo semestre del año y que ordena suprimir el contenido presupuestario de dichos puestos. Esa restricción generó un ahorro de ¢14.100 millones en el 2021.
Otra de las normas que el Poder Ejecutivo pidió a los diputados suprimir, es la que obliga al Gobierno a solicitar aval de la Asamblea Legislativa cuando se tenga que mover dineros entre las diferentes partidas de gasto en los ministerios, es decir, redirigir recursos que inicialmente se presupuestaron para otro tipo de gastos.
No obstante, una parte de la oposición anunció su negativa a eliminar las normas de control presupuestario, medidas que además cuentan con el respaldo de la Contraloría General de la República (CGR).
Al respecto, en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno del pasado miércoles, el mandatario afirmó: “A mí me parece una propuesta (eliminar las normas de control presupuestario) muy razonable. Y entonces eso es lo que estamos discutiendo. Yo espero que la racionalidad impere”.
Chaves cuestionó, a modo de ejemplo, la relevancia de “cambiar de una partida de gasolina a otra de correos, a otra de electricidad, como para que haya que irle a preguntar a la Asamblea Legislativa”.
Antes de que los diputados implementaran las normas de control presupuestario, durante la administración de Carlos Alvarado, el Gobierno podía modificar esos gastos ministeriales vía decreto. No obstante, el control político que los diputados ejercen sobre el presupuesto, en ese caso se hacía al terminar el periodo, una vez los gastos fueron ejecutados en todas las instituciones.
El jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, alegó que esa restricción obliga a los ministerios a acudir continuamente al Congreso por autorizaciones para mover dinero.
En algunos casos, ejemplificó, esos movimientos internos pueden ser de ¢3 millones para eliminar una plaza en Hacienda, o de ¢38 millones para comprar computadoras en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con el fin de defenderse de los ciberataques.
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, ya anunció su oposición al planteamiento del Gobierno, pues alegó que estas normas promueven una mejor gestión del gasto público.
En esa línea, la legisladora del PLN, mayor bancada del Congreso, adelantó que recomendará a sus compañeros de fracción “mantener la vigencia de esas cláusulas”.
Contrario a la posición del Gobierno, la contralora general, Marta Acosta, defendió la existencia de esos controles en el presupuesto. Así lo expresó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en sesión del 29 de junio.
“En un principio, la Contraloría criticó esta práctica porque nos parecía que, efectivamente, atrasa, genera mucho más labor por parte de esta Asamblea, de la Comisión, de la Contraloría, al tramitar 10 presupuestos (al año) en vez de cuatro.
“Sin embargo, después de todo, he reconocido y lo hice con la última Asamblea Legislativa, que esto ha tenido un efecto positivo en el tema de la contención del gasto. Cuando asistía a comparecencias en esta comisión y se estaban revisando esos traslados y cambios de partidas (dentro de un mismo ministerio), en varias ocasiones se detectaron temas que merecían ser corregidos. Sí creo que tuvo efecto positivo”, manifestó la contralora.
En relación con la norma que suprime las vacantes, Acosta manifestó: “Todas las instituciones estamos anunciadas de que existe una norma y de que tenemos seis meses para llenar las plazas”.
“Debemos de buscar procesos de reclutamiento y de selección que sean los más ágiles posibles para poder cumplir. Si existe algún tipo de imposibilidad (para reactivarlas) porque el Servicio Civil dura, tenemos que buscar cómo ser más eficientes.
“Ya, si del todo no se pudiera, habrá que buscar la manera de coordinarlo con la Asamblea Legislativa, pero, para mí, la norma, me parece ha generado ahorros importantes”, sentenció Acosta.
De las cláusulas que el Gobierno pide derogar y que el Departamento de Análisis Presupuestario (DAP) del Congreso obtuvo datos, la del congelamiento de plazas es la que más beneficios generó en 2021.
Le sigue la que obliga a las instituciones a renegociar contratos de alquiler, cuando un estudio sobre costo-beneficio sea negativo para el Estado. Dichs norma, también incluida en la solicitud de derogatoria del Gobierno, produjo un ahorro de ¢705 millones en 10 instituciones, y otro de ¢440,8 millones por la renegociación de alquileres de tres entidades.
El Gobierno también solicita eliminar la norma número 1, que impide a los órganos que integran el presupuesto, con algunas excepciones, destinar los remanentes de las subpartidas de remuneraciones a otro tipo de gastos, así como la número 13, por mencionar algunas.
La cláusula número 13 exige a los jerarcas de los órganos suplir, en primera instancia, algunas necesidades de contratos de servicios mediante el recurso humano existente en las instituciones o mediante convenios de cooperación con otras entidades públicas.
Por otra parte, la norma que más aporta a la contabilidad es la que pedía informes al Ministerio de Hacienda sobre canjes de deuda o reestructuración del endeudamiento interno y externo, así como el ajuste de esos movimientos en el presupuesto.
Durante el año 2021, ante la insistencia de la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, el Gobierno reportó una rebaja de ¢158.590 millones por la reestructuración. El Gobierno no solicitó derogar esta norma del presupuesto del 2022.
