La Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso que no había dado antes, puesto que con 66 votos a favor, 43 en contra y 13 abstenciones el parlamento declaró a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Weichan Auka Mapu como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”.
La investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Natalia Caniguan, señaló que lo aprobado en el Parlamento no es una buena señal política respecto al diálogo que pretendía establecer el Ejecutivo.
“Esto nos habla de que el Estado, o en este caso el parlamento, no ha logrado entender que éste no es un tema de seguridad y se sigue criminalizando a la comunidad mapuche”, declaró Caniguan
La especialista expresó que no hay un entendimiento cabal de qué es lo que ocurre y mencionó que un ejemplo muy concreto es cuando la ministra del Interior, Izkia Siches, habló en su momento de Wallmapu, se retractó, pidió disculpas y luego habló de Macrozona Sur.
“Cuando hacen esos cambios de conceptos es porque no están entendiendo la problemática de la que se tienen que hacer cargo, lamentablemente yo creo que van seguir con las medidas de seguridad que son las que tenemos activas ahora”, manifestó y añadió, “creo que vamos a tener un gobierno que en materia indígena no se diferencia mucho de las autoridades que hemos tenido previamente, independiente de los sectores políticos”.
El proyecto aprobado presume que las mencionadas organizaciones son protagonistas de los hechos de violencia ocurridos en la Macrozona Sur, del narcotráfico en la zona, el robo de madera y los ataques a civiles y a policías. Además son acusadas de usar “el componente político o étnico como una fachada para sus operaciones” y de guardar vínculos con el crimen organizado de la región.
Además, la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional (RN), quienes impulsaron la ley, plantearon que tales organizaciones “se han atribuido ataques en la zona que han concluido con serias consecuencias para sus víctimas”. Por lo tanto, también le solicitaron al Presidente Gabriel Boric que inicie la persecución penal de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°18.314 sobre conductas terroristas.
En ese sentido, la antropóloga reconoció que han ocurrido actos de violencia que hay que investigar, pero sostuvo que empezar a hablar de terrorismo es llegar a otro extremo. “Creo que es sumamente nefasto, además por el contexto que nos encontramos, porque genera más tensión, más violencia”, destacó.
Hasta el momento el Gobierno no se ha pronunciado directamente en cuanto al tema y mantener el silencio ante este tipo de situaciones, según la experta, es avalar la noción de que sí hay terrorismo y está bien perseguir a los grupos en cuestión.
“Creo que el Gobierno tiene señales contradictorias cuando por un lado tiene estas propuestas de diálogo en su Plan Buen Vivir, pero también accedió y ha mantenido la militarización en la zona”, argumentó la investigadora.
Además, expresó que la indicación aprobada por la Cámara Baja puede hacer que el Gobierno tome aún más distancia del conflicto, porque sabe que no cuenta con los votos para lograr un acuerdo que lleve la discusión a otra dirección.
La académica opinó que a través de las reiteradas veces en que se ha aplicado la medida del Estado de Excepción, ha quedado demostrado que no cumple su función principal que es disminuir la violencia en el sector, en cambio, suele aumentar la violencia y la tensión.
“Creo que se deben hacer mayores esfuerzos para continuar el diálogo. Iniciarlo, porque lo que se planteó un poco con la visita fallida de la ministra Siches es que como fue un intento fallido, hasta ahí quedó”, cuestionó la antropóloga y agregó que a parte de aquel momento no se ha visto otras instancias en que lo intente.
Caniguan sostuvo que la relación tensa entre el pueblo mapuche y el Estado es desde hace siglos y que era de esperarse que en la primera visita no se lograra iniciar el diálogo. Por lo tanto, la especialista manifestó que es responsabilidad del Gobierno ser constante y demostrar más voluntades para intentar reparar la deuda histórica que tiene el Estado con ese pueblo originario.
