Cinco años después de presentar sus primeros documentos ante la Junta de Andalucía, la promotora que pretende convertir un cortijo de cabras en un hotel-boutique de 30 habitaciones a 900 metros de la playa de Genoveses de Cabo de Gata (Níjar, Almería) ha superado su primer gran obstáculo administrativo. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ya ha dado su visto bueno a que el cortijo Las Chiqueras se convierta en hotel.
Desde el punto de vista ambiental, para la Junta de Andalucía no hay problema. Así lo refleja la resolución al expediente de autorización ambiental, emitida el pasado 12 de enero. La administración autonómica solo pone dos condiciones sustanciales: que los promotores logren que el proyecto sea declarado de interés público o social (algo que debe decidir el ayuntamiento de Níjar) y que obtengan una autorización de reutilización de aguas depuradas para el riego de jardín y zonas verdes. Más allá de eso, el resto de condiciones son de tipo técnico, con el fin de que la nueva infraestructura hotelera respete el paisaje, el entorno y la tipología constructiva tradicional de la zona.
De nada han servido, al menos por ahora, las objeciones que han opuesto los diversos grupos ecologistas que se personaron en el expediente durante el trámite de información pública. A saber: Greenpeace España, Grupo Mediterráneo Almería, Equo, Ecologistas en Acción Almería, Asociación Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense, Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, IU-Níjar y SEO-Birdlife. “El sitio ideal para esto es en los núcleos urbanos, en suelo urbano”, decían. Pero ninguna de sus alegaciones ha sido estimada por la administración autonómica. Iban desde los problemas de movilidad que generará en el acceso a las playas de Mónsul y Genoveses al peligro de fijar un precedente en el Parque Natural, pasando por la afección sobre el paisaje o las aves esteparias.
Sin embargo, anuncian que darán batalla. “Estamos estudiando la resolución y vamos a presentar el correspondiente recurso”, explica Pepe Rivera, presidente de Grupo Ecologistas Mediterráneo, que observa con tristeza la primacía del interés económico: “Parece que no tienen ningún problema es destruir los valores emblemáticos de Andalucía. No nos damos cuenta de que no podemos sacrificar los valores naturales por un beneficio económico inmediato”.
La oposición de estos grupos cuanta también con un amplio respaldo social. Hasta ahora, 255.000 personas han firmado una petición en Change.org para mostrar su rechazo al hotel en Cabo de Gata.
Torres y González Díaz, S.L., la empresa promotora del nuevo hotel, es una sociedad familiar que integra el patrimonio de los propietarios históricos de los terrenos, la familia Montoya. Además de Las Chiqueras, es propietaria al menos de otros tres cortijos en la zona, que podrían aspirar a un trato similar.
Hasta no hace mucho, todo esto estaba gestionado por una sola persona. Francisca Díaz Torres, Doña Pakyta, la “madrina de Cabo de Gata” e Hija Predilecta de Andalucía, falleció en 2014 a los 103 años de edad. A Doña Pakyta, una de las impulsoras del parque natural, siempre se le reconocieron sus desvelos por la protección de la zona frente a las ambiciones urbanísticas.
En sus últimos años impulsó iniciativas para orientar la reconversión de alguna de sus fincas hacia una oferta turística integrada con las formas de vida tradicionales y la cultura del entorno. Algo así es ahora el terreno donde se pretende ubicar el futuro hotel. Una parcela de 26.925 metros cuadrados en el término municipal de Níjar, denominada Hacienda El Romeral. El uso actual de la finca está ligado a la restauración de la antigua fábrica de crin, y en ella se llevan a cabo actividades de educación ambiental, turísticas y visitas guiadas a la propia fábrica y al entorno. Un “ecomuseo” que también se ha usado para celebraciones.
Para lograr la autorización ambiental unificada (AAU) que le permita transformar esto en hotel, la empresa propietaria y promotora presentó su primer proyecto en agosto de 2016. Primero recibió un no por respuesta, pero modificó su proyecto inicial y en junio de 2020 recibió su primer dictamen ambiental favorable. Para lograrlo no tuvo que modificar demasiado el proyecto original: renunció a algunas plazas de aparcamiento y a tres habitaciones. En concreto, tuvo que eliminar la construcción de un nuevo edificio que no guardaba continuidad con los preexistentes, pero logró reubicar diez de las trece habitaciones asignadas a ese inmueble.
Ahora, para transformarlo en un hotel de cuatro estrellas los promotores pretenden acondicionar cinco edificios (que pasarían de corrales a habitaciones), habilitar una zona de recepción y personal en la antigua casa del pastor, establecer zonas comunes en la antigua fábrica de crin, construir una piscina y un aparcamiento de 70 plazas. La consejera Carmen Crespo ha defendido en alguna ocasión que se trataría de un "cortijo turístico compatible con el medio ambiente".
La transformación del cortijo en un hotel se produciría en un espacio que ya sufre de una notable masificación en los meses de verano, cuando cada día cientos de veraneantes se dan la vuelta porque el aforo de Genoveses, determinado por el aparcamiento, está completo. Los opositores al proyecto denuncian que un hotel con parking privilegiaría el acceso a sus huéspedes, produciéndose una privatización de facto de la playa.
“Cualquier cosa que suponga incrementar más la presión humana supone un deterioro mayor del espacio”, advierte Rivera, que cree que la Junta de Andalucía debería hacer lo contrario de lo que está haciendo: “Tomar medidas para reducir la presión humana a la que se ven sometidos los parques naturales, que a todas luces es excesiva”. Rivera detecta de fondo una ignorancia de la fragilidad de espacios semidesérticos como este. “Esto no es Asturias ni Galicia. Aquí un sendero tarda en recuperarse años”, alerta.
Los ecologistas temen que esto abra la puerta a iniciativas similares con vocación de permanencia en las que prime la rentabilidad económica. “En el momento en el que hagan un hotel, no va a estar allí un tiempo corto determinado, va a estar decenas de años y, por tanto, la capacidad de recuperar el ecosistema desaparece”, anticipa Rivera.
Pilar González, presidenta de la asociación de Amigos de Cabo de Gata-Níjar, alerta también contra la tendencia a construir en espacios clasificados como no urbanos dentro del parque natural. En 2018, su asociación perdió un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural, de modo que los terrenos urbanos prácticamente se duplicaron. Sin embargo, Hacienda El Romeral está catalogado como zona C1, lo que significa que es "zona de cultivos agrícolas" y por tanto, no urbana. “Hay muchas zonas urbanas sin urbanizar, pero además solicitan cambios de uso de zonas agrícolas, como en este caso. Esto puede dar pie a que cambien de uso todo el parque. Nos parece importantísimo frenarlo”, comenta.
El hecho de que se trate de una zona C1 implica que en ella se permiten actividades como la agricultura, actividades ganaderas o caza, con el fin de garantizar la pervivencia de las actividades tradicionales. Sin embargo, no se descartan otros usos, como recuerda ahora la autorización ambiental, que señala que las normas de clasificación del suelo “nada tienen que objetar a las actuaciones de rehabilitación de edificaciones preexistentes para fines turísticos”. Para autorizar el cambio de uso, la Junta resalta que el propio PORN tiene como objetivo “promover y apoyar un turismo sostenible” como “elemento dinamizador de la economía local y divulgador de los valores del espacio”.
Ahora bien, para que eso ocurra, antes deberá declararse que transformar el cortijo Chiqueros en un hotel-boutique de 30 habitaciones responde a un interés general. Es el ayuntamiento de Níjar, cuando tramite la autorización previa a la licencia municipal, al que le corresponde realizar tal apreciación. “Ahora la pelota está en el ayuntamiento, que tiene que autorizar el cambio de uso. Si no hay motivación suficiente no lo deberían aprobar”, espera González. Vencida la resistencia de la Junta de Andalucía, la municipal es la última baza de los ecologistas ante la administración. Si no lo hace, el proyecto de un hotel frente a la playa de Genoveses acabará, muy probablemente, ante los tribunales.
