La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá mañana sobre las sentencias judiciales que obligan al Gobierno de Cataluña a hacer efectivo el requisito de que un 25% de las clases se impartan en castellano en los centros públicos de esa comunidad autónoma. Entre ellos el colegio del niño de cinco años de Canet de Mar (Barcelona), cuyos padres han denunciado una campaña de acoso por solicitar una educación bilingüe para su hijo. Los representantes del Partido Popular (PP) en la Eurocámara plantearán este miércoles el incumplimiento del Ejecutivo de Pere Aragonès, que reiteradamente ha manifestado su defensa de un modelo de escuela únicamente «en catalán». Así lo hizo, por ejemplo, el pasado 13 de enero durante una conferencia en el Club Siglo XXI en Madrid, donde también volvió a reclamar un referéndum de independencia.
Los representantes del primer partido de la oposición española en Bruselas –integrados en el Grupo Popular, el principal del Parlamento comunitario– responden con esta iniciativa a una petición de la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), Ana Losada. En una misiva remitida en diciembre pasado por este colectivo a la portavoz de los populares y también presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Monserrat, se denunciaba que la Consejería de Educación del Gobierno independentista catalán había anunciado públicamente su intención de no acatar la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Igualmente, se daba cuenta de un correo electrónico remitido tras conocerse el fallo de ese tribunal a todos los centros educativos catalanes «conminando a sus equipos directivos a no cumplir con lo establecido en dicha sentencia», tal y como se lee en la misiva de Losada a Monserrat.
Petición de explicaciones
Si mañana la Comisión de Peticiones aprueba la resolución que elevarán los populares, la discriminación al castellano en las aulas catalanas se debatirá de manera pública en otra sesión de ese órgano de la Eurocámara el próximo 7 de febrero, con representantes de la propia AEB y también de la Comisión Europea. Posteriormente el asunto podría tener distintos recorridos políticos, incluido el de que hubiera una petición de explicaciones al Gobierno de España, según apuntan fuentes del PP.
Desde que estalló el caso de Canet, en el que los padres han preservado en todo momento la identidad del pequeño, los representantes del Ejecutivo central comenzaron afirmando que desconocían lo ocurrido, como hizo en un primer momento la portavoz, Isabel Rodríguez, quien más tarde, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 10 de diciembre, dijo que la ministra de Educación, Pilar Alegría, se había puesto en contacto conel consejero catalá del ramo, José González Cambray, para ofrecerle «los medios del Estado» para proteger al menor acosado. El mismo día el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llegó incluso a anunciar una investigación sobre ese acoso, mientras que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se refirió a unos «hechos lamentables que no puedo compartir de ninguna manera».
Pocos días después, los propios padres del menor se pronunciaban por primera vez en público a través de una carta abierta. En ella relataban el acoso vivido y solicitaban respeto para su petición de que una de cada cuatro horas lectivas que reciba su hijo sean con el castellano como lengua vehicular y en materias troncales del currículum. En la misiva, redactada en castellano y catalán, explican que después de varios años de dudas sobre si reclamar o no su derecho a una escolarización en las dos lenguas oficiales de Cataluña, fundamentalmente por miedo que el pequeño fuese víctima de acoso en el colegio, se decidieron a hacerlo después de la pandemia. Fue entonces cuando acudieron para pedir apoyo a la AEB, asociación a la que agradecían su apoyo y colaboración.
