El oficio, remitido a Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital aragonesa a mediados del pasado mes de diciembre y al que ha tenido acceso Efe, se refiere al "aviso" que se hizo a los responsables de Interior entre el 18 y 23 de abril de 2021 sobre la presencia de Gali en el país.
El escrito, firmado por el comisario general en respuesta a la petición de información del instructor, se limita a comunicar que "esta Comisaría General de Policía Judicial no ha tenido conocimiento de ningún extremo relacionado con la persona de Brahim Gali".
Este documento llegó a manos del juez antes de ordenar, a petición del letrado de la acusación popular Antonio Urdiales, la declaración como testigos del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y del Inspector Jefe del Grupo de la Comisaría General de Información.
El instructor pretende comprobar que el DAO fue informado el 18 de abril de la llegada, ese mismo día, de Gali a la base militar del aeropuerto de Zaragoza, pero también conocer las decisiones que se adoptaron a raíz de esta información mientras el líder polisario convalecía en el Hospital San Pedro de Logroño de una covid agravada.
Una decisión, fundamentó el juez en su auto, en el "escaso aporte probatorio" de los anteriores testigos que comparecieron en la instrucción, que alegaron tanto "desconocimiento" como "deber de reserva legal", a excepción del primer investigado por estos hechos, el exjefe del Gabinete de la exministra de Exteriores Arancha González Laya, Camilo Villarino.
El instructor considera "conveniente", además, la toma de declaración al inspector jefe del Grupo de la Comisaría General de Información para que aclare por qué no se procedió de oficio a indagar sobre el pasaporte falso a nombre de Mohamed Benbatouche con el que ingresó Gali en el hospital riojano.
Un ingreso que certificó días atrás, en declaraciones ante la policía de Logroño hechas a instancias del instructor, la auxiliar administrativa del hospital, que redactó el ingreso hospitalario de Benbatouche a instancias del pasaporte que le entregó un acompañante, que no llegó a identificarse en ningún momento.
En el escrito en el que solicitó, entre otras pruebas, estas declaraciones testificales, el letrado Urdiales advirtió de que las declaraciones aportadas por Villarino evidencian la "falsedad" de las aportadas por la jefa de Gabinete del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y de otros testigos en el caso, en el que permanece en situación de investigada la exministra González Laya.
Urdiales advierte al instructor de que tras las declaraciones del comisario general de Investigación, "queda claramente demostrado, con independencia de lo que pueda manifestar el DAO, superior del comisario, que toda la cúpula de Interior, con anterioridad a la llega de Gali a Zaragoza, era consciente y conocedora de la situación y de que se trataba de un individuo investigados por presuntos delitos de genocidio, terrorismo, asesinato y torturas".
Este conocimiento le lleva a asegurar al letrado que en lugar de informar al titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional de la entrada de Gali en España, se estableció un dispositivo de protección del líder polisario, lo que a su juicio, concluye, hace "evidente el ánimo de sustraer al individuo de la acción de la justicia". EFE
